Tras los últimos episodios conocidos en la Fiscalía de Rancagua, el Ejecutivo presentaría en las próximas semanas un proyecto de ley que incluiría modificaciones al Ministerio Público. Sin embargo, desde la Asociación de Fiscales solicitan que el Gobierno no se involucre en reformas al organismo.

El allanamiento realizado esta semana al fiscal jefe de Alta Complejidad de Rancagua, Sergio Moya, constató que el persecutor mantenía en su poder evidencias del Caso Rancagua, entre ellas celulares, discos duros y carpetas de investigación.

La causa por presunta corrupción en la Corte de Apelaciones de la capital de la región de O’Higgins ha levantado propuestas de todos los sectores para reformar el Ministerio Público.

Dentro de las próximas semanas, el Ejecutivo presentaría un proyecto de ley que incluiría modificaciones al organismo. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, dijo que están preparando distintas iniciativas legales que no atenten contra la autonomía la institución.

Desde la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el parlamentario del Partido Humanista, Tomás Hirsch, anunció que presentará una iniciativa para modificar la Ley de Lobby junto al diputado de la UDI Jorge Alessandri.

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, pidió al Gobierno no involucrarse en reformas al Ministerio Público.

“Necesitamos más fiscales, más funcionarios, más medios para hacer nuestro labor, pero no necesitamos que el Gobierno meta mano (…) porque históricamente cuando el poder político se involucra lo único que hace es deteriorar las instituciones”, aseguró.

El caso Rancagua inició a fines de marzo pasado, con las investigaciones en contra de los ministros Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación.