El papa Francisco presentó una nueva normativa para evitar los casos de pederastia y de abusos a personas vulnerables al interior de la Iglesia Católica. La regulación traslada las investigaciones contra obispos desde el Vaticano y acota los tiempos de investigación.
Se trata de un Motu Proprio que entrará en vigencia el 1 de junio próximo y oficializa de manera legal ciertas obligaciones que hasta ahora eran morales, como denunciar de inmediato los casos de abuso sexual.
La carta apostólica titulada “Vos estis lux mundi” obliga a los clérigos y otros religiosos y religiosas a denunciar a la Iglesia cualquier sospecha de agresión sexual y acoso, y también la posible implicancia de jerarcas de la iglesia en los casos.
Además, establece para el denunciante algunas garantías de protección, evitando represalias, por ejemplo, e indaga la tenencia de pornografía infantil.
Las investigaciones las llevará ahora el obispado, incluso la de las congregaciones, y si se trata de un obispo, las comandará el metropolitano, que en el caso de nuestro país serían los arzobispos de Antofagasta, La Serena, Santiago, Concepción y Puerto Montt.
Eso sí, aún hay dudas incluso entre los canonistas en qué pasa en el caso de los administradores apostólicos a cargo de las arquidiócesis, como Celestino Aós.
Una de las cosas relevantes es que se establecen plazos de investigación, donde a los 30 días se debe enviar un informe del estado de la indagatoria, mientras que la investigación debe concluirse en un plazo de 90 días.
No obstante, se mantiene como absoluto e inviolable el secreto de confesión.
El secretario adjunto de la Congregación Para la Doctrina de la Fe, Charles Scicluna, dijo que se trata de un reglamento importante, que establece que ningún religioso está por sobre la ley canónica.
“Ahora tenemos una ley universal que determina las etapas fundamentales para la investigación de un miembro eclesiástico, dando la señal que el liderazgo está sujeto no sólo a la ley de Dios, sino también a la ley canónica y debe responder por los crímenes que ha cometido”, afirmó.
“Así que no hay inmunidad, hay una señal muy fuerte. Nadie que tenga responsabilidad eclesiástica está por encima de la ley, y en mi opinión, este procedimiento lo dice claramente”, estimó.
El secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos del Vaticano, Juan Ignacio Arrieta, explicó respecto a las indagatorias contra obispos, quienes hasta ahora dependían directamente del Papa.
“Ha trasladado hasta el metropolitano el deber de, en el caso que se trate de obispos, ser él quien investigue con la ayuda de laicos, porque tienen el derecho y el deber de dar consejos a la autoridad”, detalló.
En Chile, víctimas y laicos, si bien valoraron que exista un avance, cuestionaron que las investigaciones sigan en manos de los mismos que son indagados civilmente acusados de encubrir estos delitos.
Uno de los voceros de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, Jaime Concha, criticó que la responsabilidad la tengan quienes han mentido y ocultado información.
“Pareciera ser que se está consolidando una estructura dentro de la iglesia para que también se investiguen estos delitos”, destacó. Sin embargo, estimó que en nuestro país “los obispos no han colaborado, han destruido información importante sobre estos crímenes, han mentido”.
En esa línea, el vocero de los laicos de Santiago, Osvaldo Aravena, lamentó que el documento no incluya normas uniformes para colaborar o denunciar los casos ante la justicia.
“Esto no garantiza que la Justicia sea el elemento rector de esta voluntad que el Papa ha expresado en ese sentido, porque vuelve a colocar el manos de quienes son justamente los que pueden ser investigados, en este caso los obispos y la jerarquía de la Iglesia, la posibilidad de que estas denuncias tengan algún tipo de acogida”, lamentó.
“Si bien hay una suerte de guiño, en ningún momento hay de manera explícita la definición de que hay que colaborar con la justicia civil”, añadió.
El documento del Papa es una modificación a la legislación canónica, pero no contiene nuevos delitos ni penas. El mismo Scicluna reconoció que con esto no se está inventando la rueda, sino que simplemente lo que hace es acelerar los procesos, tener mayor transparencia y una estructura más clara al interior de la iglesia.
