En el “Motu Proprio” Vos estis lux mundi, documento firmado y emanado directamente del Papa este lunes, se establecen nuevas leyes más estrictas a nivel canónico para miembros del mundo eclesiástico con la finalidad de evitar los abusos sexuales y encubrimiento, además de investigarlos, tanto en contra de menores de edad como de personas vulnerables.

No obstante, en la misma carta apostólica, el sumo pontífice resguardó la inviolabilidad del secreto de confesión, sigilo sacramental que al menos en Chile podría verse afectado por la Ley que el Congreso discute al respecto.

La nueva legislación de Francisco obliga a los clérigos y otros religiosos a denunciar a la Iglesia cualquier sospecha de agresión sexual o acoso y también la posible implicancia de jerarcas de la institución en los casos. Además, establece para el denunciante algunas garantías de protección, evitando represalias por ejemplo.

De esta manera, se investigarán abusos como obligar a alguien, con violencia, amenaza o mediante abuso de autoridad, a realizar o sufrir actos sexuales; realizar actos sexuales con un menor o con una persona vulnerable; producir, exhibir, poseer o distribuir -incluso por vía telemática- material pornográfico infantil; así como recluir o inducir a un menor o a una persona vulnerable a participar en exhibiciones pornográficas.

Pero también tiene consideraciones respecto al encubrimiento, al que define como acciones u omisiones dirigidas a interferir o eludir investigaciones civiles o canónicas, administrativas o penales, contra religiosos.

Las indagatorias las llevará ahora el obispado, incluso la de las congregaciones, y si se trata de un obispo las comandará el metropolitano, que serían en este caso los arzobispos de Antofagasta, La Serena, Santiago, Concepción y Puerto Montt.

Uno de los puntos más relevantes es que se establecieron plazos de investigación: 30 días para enviar el informe del estado de la indagatoria, con 90 días como plazo para concluir cualquier investigación.

Eso sí, se mantiene como absoluto e inviolable el secreto de confesión.

El secretario adjunto de la Congregación Para la Doctrina de la Fe, Charles Scicluna, dijo que se trata de un reglamento importante, que establece que ningún religioso está por sobre la ley canónica.

El secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos del Vaticano, Juan Ignacio Arrieta, confirmó que la nueva organización para sustanciar indagatorias contra obispos, quienes -hasta el momento- dependían directamente del Papa en estos casos.

En Chile, si bien valoraron que exista un avance, víctimas y laicos cuestionaron que las investigaciones sigan en manos de los mismos que son indagados civilmente por encubrimiento de estos delitos.

Uno de los voceros de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, Jaime Concha, criticó que la responsabilidad la tengan quienes han mentido y ocultado información.

Lo mismo hizo el vocero de los laicos de Santiago, Osvaldo Aravena, quien lamentó que el documento no incluya normas uniformes para colaborar o denunciar los casos ante la justicia.

El documento del jefe de la milenaria institución es una modificación a la legislación canónica, pero no contiene nuevos delitos ni penas. El mismo Scicluna reconoció que con esto no se está inventando la rueda. Lo que hace es acelerar los procesos, tener mayor transparencia y una estructura más clara al interior de la Iglesia.