Este sábado inició el plan de fiscalización a extranjeros que se efectuará en 13 ciudades del país, como parte de un plan iniciado el pasado 1 de mayo y que se prolongará por este fin de semana. Es parte del plan que busca que la Policía de Investigaciones efectúe 85.000 fiscalizaciones durante este 2019.
Para esto, se contemplan todas las grandes ciudades desde Rancagua hacia el norte, además de Coyhaique y Punta Arenas.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, explicó que la iniciativa se tomó luego de las cifras que registraron un fuerte aumento en la cantidad de inmigrantes en el país (de 462 mil en 2014 a aproximadamente 1.190.000 a fines de 2017, y la última estimación de Interior a diciembre del 2018 se sitúan en los 1.251.000), lo que “obviamente nos señaló que estábamos frente a un problema que tiene repercusiones sociales, humanitarias”.
Por lo tanto, se fiscalizará “que los extranjeros y migrantes estén con su situación regular y estén cumpliendo con la ley” en cuanto a sus papeles y actividades laborales.
Según planteó el ministro, con esto buscan “abrir las manos a inmigrantes que vienen a aportar al país, que vienen a colaborar, que vienen a cumplir con nuestras leyes y que su ingreso y su permanencia se hace de acuerdo a las regulaciones establecidas”, sin olvidarse de que “queremos tener las puertas cerradas a aquellos que vienen a causarnos daño, a aquello que tiene prontuarios penales, a aquellos que vienen a traernos delito, que vienen a formar organizaciones delictuales, al tráfico de drogas, que vienen a causar perjuicios a nuestro país”.
El plan se enmarca en la serie de medidas que componen el Proceso de Regularización Extraordinario impulsado por el presidente Sebastián Piñera, el cual concluirá el próximo 22 de julio. “Quienes no lo hayan hecho en el plazo correspondiente, quedarán como irregulares y tendrán que enfrentar los procesos de expulsión administrativa”, advirteron desde el ministerio del Interior.
La institución consideró que “hoy, aquellas personas que, aún con todas las posibilidades a su haber de regularizar su estadía en el país no lo han hecho, permite tener la duda razonable de que, por algún motivo no desean que su presencia en nuestro país sea conocida por el Estado”.
