El Gobierno decidió quitar la suma urgencia que tenía el proyecto de ley que busca reemplazar el Crédito con Aval de Estado (CAE).
De este modo, cedió a la presión que hicieron senadores de la oposición, quienes habían anunciado que rechazarían la idea de legislar si el Ejecutivo no acoge sus planteamientos, que incluye un rediseño de la gratuidad.
El presidente de la Comisión de Educación del Senado, el parlamentario RD Juan Ignacio Latorre, valoró que el Gobierno se haya abierto a mejorar el proyecto y transformarlo en un sistema complementario a la gratuidad, “que no compita con la gratuidad”.
Espero “que se abran a un periodo de reflexión y escuchar la propuestas que el conjunto de la oposición ha presentado en el Senado para seguir tramitando este proyecto”, remarcó.
Por su parte, el senador socialista y miembro de la Comisión de Hacienda, Carlos Montes, indicó que el Ejecutivo no tenía más chance que abrirse a buscar acuerdos y espera que éstos se concreten en la línea de lo que han planteado los expertos durante la discusión parlamentaria.
“Era obvio que iba a ocurrir, porque hace mucho rato que se le hicieron las observaciones. El proyecto tenía inconsistencias, tenía problemas. Lo importante es que el Gobierno repiense el proyecto y repiense las observaciones que le han hecho muchos invitados” a la comisión, aseguró.
Según el director de la Fundación Otro Chile, Gabriel Iturra, La Moneda debería transitar hacia la implementación de la gratuidad universal, más que buscar un nuevo sistema de endeudamiento para quienes opten a la educación superior.
La iniciativa “viene a tan sólo frenar la implementación de una gratuidad universal, que es lo que quiere la mayoría de Chile. Sigue en la lógica de financiar la demanda y no un financiamiento basal a las instituciones de educación superior”, advirtió.
Propuesta opositora
Entre los cambios que propone la oposición al proyecto está igualar el porcentaje del arancel regulado, tanto para gratuidad como para el nuevo crédito; que no exista copago por parte de los estudiantes; que el crédito sea administrado por un servicio público y no por una Sociedad Anónima del Estado; que se considere un pago contingente al ingreso anual del 5% con tramos exentos, similar a como funciona el Fondo Solidario; eliminar el registro público de deudores y una condonación de la deuda a los morosos del CAE.
En cuanto a la gratuidad, sostienen que se debe permitir el uso de parte de los excedentes del Fondo Solidario, para paliar los déficit que está dejando la gratuidad, además de extender, en al menos en un año, la cobertura de la política pública.
