Nacional
Martes 09 abril de 2019 | Publicado a las 05:57
C√°rceles chilenas contin√ļan en precarias condiciones pese a disminuci√≥n del hacinamiento
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El hacinamiento en c√°rceles chilenas se redujo al 37,5% de los establecimientos en 2017, pero la situaci√≥n carcelaria en nuestro pa√≠s sigue siendo precaria, seg√ļn un informe difundido este lunes por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

La cifra evidencia una mejora respecto de los datos registrados en 2016, cuando el hacinamiento afectaba al 42,4% de la poblaci√≥n carcelaria, de acuerdo con el “Estudio de las condiciones carcelarias en Chile”, que evalu√≥ 40 establecimientos penales de los 87 existentes en el pa√≠s y detalla la convivencia de 5.417 reclusos que se encuentran en recintos penales no concesionados.

Las cárceles evaluadas son administradas por el Estado y 22 de ellas tenían en 2017 una población penal de menos de 100 personas, dos entre 200 y 300, seis entre 300 y 400 y una con más de 700 reos.

En 2016, un 55% de los establecimientos penitenciarios del informe se encontraban por encima del nivel de capacidad; mientras que en el 2017 esta cifra también se redujo al 47,5%.

“Disminuir los niveles de ocupaci√≥n de los recintos penitenciarios, ya sea por sobreocupaci√≥n o hacinamiento. Se recomienda al Estado tomar medidas urgentes para abordar la sobrepoblaci√≥n y hacinamiento en los establecimientos penitenciarios, disponiendo los mecanismos necesarios para remediar cualquier situaci√≥n de alojamiento por encima del n√ļmero de plazas establecido”, alerta el INDH en su reporte.

Las carencias tambi√©n se comprobaron “en algunos establecimientos, al advertir casos de personas que duermen en el ba√Īo o en el piso”. Tambi√©n “no siempre” se mantiene la separaci√≥n entre imputados y condenados y los presos tienen un insuficiente acceso al agua y precariedad de servicios higi√©nicos.

ExPenitenciaria | Sebasti√°n Brogca | Agencia UNO
ExPenitenciaria | Sebasti√°n Brogca | Agencia UNO

De acuerdo al INDH, el hacinamiento penitenciario se constata cuando la población carcelaria supera en más del 20% a la capacidad de las camas disponibles.

Asimismo, el organismo se√Īal√≥ al acceso a las prestaciones de salud mental como uno de los aspectos m√°s “invisibilizados y carentes” dentro del sistema, mientras que en 26 de los 40 establecimientos se encontr√≥ que los reclusos recib√≠an alg√ļn nivel de mal trato como golpes y amenazas, que dejan al descubierto que existen “niveles de naturalizaci√≥n de acciones de violencia”.

En esa l√≠nea, el Instituto llam√≥ al Estado a “prevenir estas situaciones ya sea con medidas de salud, as√≠ como con acciones para evitar ri√Īas al interior de las unidades penales”.

Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad Jurídico Judicial del INDH, explicó que las condiciones que se detectaron en estos centros, son una situación recurrente y que no ha tenido solución por parte de las autoridades.

“Tenemos una situaci√≥n que es muy grave, que es muy preocupante, pero que no es nueva. El estudio sigue mostrando vulneraci√≥n de derechos de las personas privadas de libertad, tal como mostraba en estudios anterior del Instituto de Derechos Humanos y de otros organismos, como la Corte Suprema y entidades acad√©micas”, se√Īal√≥.

Carcel el Manzano | Camila Lassalle | Agencia UNO
Carcel el Manzano | Camila Lassalle | Agencia UNO

La directora de la ONG Leasur, Stephanía Walsser, cuestionó la reclusión como solución a la delincuencia y aseguró que las condiciones de vida de las personas privadas de libertad dificultan su futura reinserción.

“Se ha promovido la privaci√≥n de libertad como una f√≥rmula de seguridad p√ļblica, lo que ha tra√≠do como consecuencia un aumento continuo en las tasas de encarcelamiento”, sostuvo.

“Las caracter√≠sticas que tiene la c√°rcel, contribuyen a reproducir desventajas sociales, lo que redunda en altos niveles de reincidencia y bajas posibilidades de reinserci√≥n”, cuestion√≥ Walsser.

La atención médica fue también objeto de cuestionamiento, ya que los funcionarios que prestan este tipo de atención, atienden -en promedio- a 49 reclusos. Sin embargo, en el caso del Centro de Cumplimiento Penal de Los Andes existe un funcionario para 187 personas.

Andrés Segovia, director nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, mostró su preocupación por las condiciones de vida de reclusos y trabajadores, y aseguró es necesario que el Estado se haga cargo de este problema, para que no se repitan tragedias como la ocurrida en San Miguel.

“Las c√°rceles de Chile son bombas de tiempo, hay unidades penales que est√°n al 100% de su capacidad, donde hay internos violentos, donde hay mucha carga de combusti√≥n, y puede haber una tragedia como la que ocurri√≥ en 2010”, asever√≥.

Desde el Gobierno, la vocera Cecilia P√©rez, asegur√≥ que han recogido parte importante de las observaciones que dicen relaci√≥n con el mejoramiento de condiciones y de rehabilitaci√≥n, y puso como ejemplo el Programa +R, presentado hace un par de semanas, que busca trabajar en reinserci√≥n, a trav√©s de una alianza p√ļblico-privada.

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