Parlamentarios de forma transversal la vieron como una acción contradictoria del Gobierno: que mientras se cuestionaba la considerable alza en los planes, la Superintendencia de Salud diera dos años más de plazo para que modifiquen de forma automática los costos de planes de personas que ya salieron de los tramos de riesgo.
Una resolución que salió en octubre y que debía entrar en vigencia en marzo, y a la que las isapres apelaron, obteniendo tiempo hasta el 2021 para aplicarlo.
“Considerando el impacto económico que resultará lo instruido, se ha estimado prudente prorrogar la entrada en vigencia de la circular impugnada”, dice el documento de la Superintendencia que justifica esta medida.
Por esto, diputados pidieron la renuncia del superintendente Ignacio García-Huidobro. “Es una vergüenza y una traición que una autoridad elegida por Alta Dirección Pública se permita dar este plazo de condonación vergonzoso”, acusó el socialista Juan Luis Castro.
En la misma línea, Andrés Celis (RN), aseguró que le parece impresentable. “Le pido disculpas al país, porque los únicos que ganan con esto son las isapres”, subrayó.
Un tema por el que fue consultado el ministro de Salud, Emilio Santelices, pero optó por guardar absoluto silencio sobre la polémica.
“Burla para los usuarios”
La exministra de Salud, Helia Molina, consideró que la decisión es una burla para los usuarios de Isapre. Apuntó a que se genera una compensación automática para las empresas cuando no incurren en gastos extras para las personas en tramos de riesgo, pero les siguen manteniendo los precios.
“No veo la razón para retrasar dos años, cuando las isapres tienen utilidades más que ninguna empresa en este país. Si las personas bajan el riesgo, ellos dejan de gastar en esa persona. Me parece una burla” para los usuarios, remarcó.
El exsuperintendente de Salud y académico de la Universidad Central, Sebastián Pavlovic, también criticó la medida. “Es una mala señal para los usuarios (…) reaviva el tema y hay espacio para la judicialización en el sentido que no recoge lo que ha planteado el Tribunal Constitucional (TC)”, aseguró.
¿Judicialización masiva?
El abogado de defensa de usuarios de Isapres, Pedro Barría, dijo que los procesos de judicialización son costosos y además, en los casos del fin de factor de riesgo o cambio de rango etario, suelen ser procesos lentos.
Consideró que al no ser tantos casos al año en comparación a los reclamos por aumento de tarifa fija, no deberían significar un perjuicio económico significativo para las isapres. “Yo no creo que vaya a provocar una debacle. No son 1,8 millones de afiliados”, aseguró.
Con todo, la discusión se trasladará al Congreso. Para el martes está citado el superintendente García-Huidobro en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, a quien le pedirán explicaciones por la polémica postergación.
