Absolutamente tajante fue la oficina del representante de la Unicef en Chile, a cargo de Paolo Mefalopulos, respecto al proyecto que presentó el gobierno de Sebastián Piñera, que busca ampliar el control de identidad preventivo en adolescentes mayores de 14 años.
A través de un escrito, emitido por el representante de la organización, indica que la iniciativa atenta contra los derechos de los niños, pero además, el texto del proyecto de ley contraviene todos los tratados internacionales que Chile ha suscrito y que debe cumplir como base general de esos mismos acuerdos.
Esto último, porque Chile ratificó en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, que compromete a la nación a “promover en su legislación y políticas públicas los principios y derechos contenidos en la Convención. Esto implica garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes el ejercicio de sus derechos conforme a su etapa de desarrollo”, dice la declaración de Unicef.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, reconoció que el Gobierno tiene una abierta “discrepancia jurídica” con el organismo internacional.
La Moneda, durante la recolección de antecedentes para la presentación del proyecto, identificó que países europeos, que reconocen la Convención de los Derechos del Niño, mantienen sistemas o modelos legales similares al que busca impulsar el presidente Piñera.
Desde la ex Nueva Mayoría aseguraron que la posición oficial de Unicef va en línea con los cuestionamientos que han planteado desde un inicio.
“Este es un proyecto que no sólo es ineficiente y afecta a las libertades públicas, sino que adicionalmente genera un daño irreparable a menores de edad. La Unicef lo está diciendo y es francamente inaceptable”, acusó el senador Felipe Harboe (PPD), quien espera que el Congreso rechace la iniciativa.
Por su parte, el diputado Gabriel Silber (DC) llamó al Ejecutivo a dejar de lado debates como el control preventivo e ingresar de lleno a la discusión de fondo sobre la Ley Penal Adolescente. “Si bien la Unicef es voz autorizada en esta materia, la verdad es que esta es una discusión que se instala en la sociedad chilena, así es que no es vinculante en caso alguno en el debate que vamos a dar en el Congreso”, aseguró.
Desde Chile Vamos, el jefe de bancada de Evópoli, Luciano Cruz-Koke, si bien admitió que el proyecto no es una solución, remarcó que “el proyecto original del control preventivo, que se aprobó durante el gobierno de Bachelet, contemplaba que se pudiera pedir el carnet a los mayores de 14 años. En este caso lo que se pide es exclusivamente el carnet”, detalló.
Con todo, la declaración de la Unicef viene a complicar la tramitación legislativa del proyecto, que -según sondeos del Ejecutivo- tiene un amplio respaldo en la opinión pública.
