Un amplio grupo de ONGs y fundaciones protectoras de los Derechos Humanos, junto a académicos y centros de investigación rechazaron en bloque el Sistema de Televigilancia Móvil implementado en la región Metropolitana por el gobierno de Sebastián Piñera.
En una misiva, en que argumentaron que el plan es ilegal, inconstitucional, ineficaz, ineficiente, propenso a errores y a abusos de la autoridad, ilegítimo, y carente de transparencia o de un sistema de rendición de cuentas, los firmantes instaron a detener el proyecto, discutirlo en el congreso y evaluar sus reales méritos y alcances antes de ser implementado.
Entre los firmantes se incluyen la ONG Derechos Digitales de América Latina, Amnistía Internacional, la Fundación Datos Protegidos, el Centro de Investigación y Defensa Sur, la FECh, la coordinadora 8M, entre otras organizaciones, junto a un conjunto de abogados y académicos que cuestionan los fundamentos del plan de seguridad ciudadana.
Ilegal e inconstitucional
En esencia, los firmantes acusaron que el programa alcanza “un nivel de intrusión y movilidad nunca antes vista en Chile, y es la expresión de un Estado que busca un mayor control social, vulnerando el principio de inocencia de nuestro sistema penal al someter a la población a la constante mirada vigilante y omnipresente de la policía, facilitada por la tecnología”.
En este sentido, aseguraron que el sistema “viola derechos fundamentales en una sociedad libre y democrática, y representa un retroceso significativo del Estado chileno en materia de derechos humanos”.
En primer lugar, cuestionaron que no exista una habilitación legal expresa que permita a los autoridades implementarlo ni anuncio alguno de algún proyecto de ley para corregir esta falencia.
Comparan esta situación con la del proyecto de ley del Gobierno para los controles de identidad preventivos, en que sí se buscó habilitar legalmente esta práctica por la limitación del ejercicio de garantías constitucionales que implica. Argumentan que lo mismo debe ocurrir con el sistema de televigilancia, para proteger la información personal de los ciudadanos y evitar abusos policiales como los evidenciados en la Operación Huracán.
Yendo más allá, tacharon la iniciativa como “inconstitucional”, por considerar que contravienen el artículo 19 de la Constitución por cuanto “el sistema amenaza los derechos a la vida privada y a la protección de datos personales, a la inviolabilidad del hogar, a la libertad de movimiento, a la libertad de reunión pacífica y a la igual protección de la ley en el ejercicio de derechos”.
¿Funciona?
En el aspecto técnico, los firmantes argumentaron que “incontables estudios, incluyendo la experiencia reciente en Chile, dan cuenta de que el reconocimiento facial es altamente falible”. Cuando ha sido implementado, indican, no se ha visto una correlación significativa entre su funcionamiento y alguna baja en la criminalidad.
Asimismo, negaron que existan estudios que avalen la necesidad del sistema ni que evalúen el impacto que puede tener en los Derechos Humanos, lo que debería ser discutido en el Congreso. Tampoco hubo mecanismos de participación pública en su formulación, cuestionaron los participantes.
Al contrario, aseguran que el sistema puede ser malutilizado por la autoridad, evidenciándose en la experiencia internacional que “han facilitado la institucionalización de sesgos asociados a la clase social y el color de la piel, y refuerzan prejuicios sociales, manteniendo sistemas de persecución criminal discriminatorios y basados en la sospecha del otro“.
En este mismo sentido, consideran que por estar contemplado implementar el plan inicial en comunas de nivel socioeconómico predominantemente medio y bajo, amenaza con “reforzar discriminaciones existentes sobre la población menos privilegiada y su estigmatización”.
Agravando más esa situación, apuntaron a la falta de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el proyecto, destacando que el Gobierno no ha especificado qué tecnología de reconocimiento facial se utilizará, las pruebas de errores realizadas, sus resultados, si se tienen contemplado aplicarlas a futuro, o los resguardos y garantías que darán para que esto no ocurra.
“En síntesis, el sistema de videovigilancia es contrario a los derechos humanos”, plantea el documento.
