Nacional
Jueves 04 abril de 2019 | Publicado a las 19:25
ONGs y académicos rechazan sistema de televigilancia del Gobierno: Lo tachan de ilegal e ineficaz
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Un amplio grupo de ONGs y fundaciones protectoras de los Derechos Humanos, junto a acad√©micos y centros de investigaci√≥n rechazaron en bloque el Sistema de Televigilancia M√≥vil implementado en la regi√≥n Metropolitana por el gobierno de Sebasti√°n Pi√Īera.

En una misiva, en que argumentaron que el plan es ilegal, inconstitucional, ineficaz, ineficiente, propenso a errores y a abusos de la autoridad, ilegítimo, y carente de transparencia o de un sistema de rendición de cuentas, los firmantes instaron a detener el proyecto, discutirlo en el congreso y evaluar sus reales méritos y alcances antes de ser implementado.

Entre los firmantes se incluyen la ONG Derechos Digitales de América Latina, Amnistía Internacional, la Fundación Datos Protegidos, el Centro de Investigación y Defensa Sur, la FECh, la coordinadora 8M, entre otras organizaciones, junto a un conjunto de abogados y académicos que cuestionan los fundamentos del plan de seguridad ciudadana.

Ilegal e inconstitucional

En esencia, los firmantes acusaron que el programa alcanza “un nivel de intrusi√≥n y movilidad nunca antes vista en Chile, y es la expresi√≥n de un Estado que busca un mayor control social, vulnerando el principio de inocencia de nuestro sistema penal al someter a la poblaci√≥n a la constante mirada vigilante y omnipresente de la polic√≠a, facilitada por la tecnolog√≠a”.

En este sentido, aseguraron que el sistema “viola derechos fundamentales en una sociedad libre y democr√°tica, y representa un retroceso significativo del Estado chileno en materia de derechos humanos”.

En primer lugar, cuestionaron que no exista una habilitaci√≥n legal expresa que permita a los autoridades implementarlo ni anuncio alguno de alg√ļn proyecto de ley para corregir esta falencia.

Comparan esta situación con la del proyecto de ley del Gobierno para los controles de identidad preventivos, en que sí se buscó habilitar legalmente esta práctica por la limitación del ejercicio de garantías constitucionales que implica. Argumentan que lo mismo debe ocurrir con el sistema de televigilancia, para proteger la información personal de los ciudadanos y evitar abusos policiales como los evidenciados en la Operación Huracán.

Yendo m√°s all√°, tacharon la iniciativa como “inconstitucional”, por considerar que contravienen el art√≠culo 19 de la Constituci√≥n por cuanto “el sistema amenaza los derechos a la vida privada y a la protecci√≥n de datos personales, a la inviolabilidad del hogar, a la libertad de movimiento, a la libertad de reuni√≥n pac√≠fica y a la igual protecci√≥n de la ley en el ejercicio de derechos”.

¬ŅFunciona?

En el aspecto t√©cnico, los firmantes argumentaron que “incontables estudios, incluyendo la experiencia reciente en Chile, dan cuenta de que el reconocimiento facial es altamente falible”. Cuando ha sido implementado, indican, no se ha visto una correlaci√≥n significativa entre su funcionamiento y alguna baja en la criminalidad.

Asimismo, negaron que existan estudios que avalen la necesidad del sistema ni que eval√ļen el impacto que puede tener en los Derechos Humanos, lo que deber√≠a ser discutido en el Congreso. Tampoco hubo mecanismos de participaci√≥n p√ļblica en su formulaci√≥n, cuestionaron los participantes.

Al contrario, aseguran que el sistema puede ser malutilizado por la autoridad, evidenci√°ndose en la experiencia internacional que “han facilitado la institucionalizaci√≥n de sesgos asociados a la clase social y el color de la piel, y refuerzan prejuicios sociales, manteniendo sistemas de persecuci√≥n criminal discriminatorios y basados en la sospecha del otro“.

En este mismo sentido, consideran que por estar contemplado implementar el plan inicial en comunas de nivel socioecon√≥mico predominantemente medio y bajo, amenaza con “reforzar discriminaciones existentes sobre la poblaci√≥n menos privilegiada y su estigmatizaci√≥n”.

Agravando más esa situación, apuntaron a la falta de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el proyecto, destacando que el Gobierno no ha especificado qué tecnología de reconocimiento facial se utilizará, las pruebas de errores realizadas, sus resultados, si se tienen contemplado aplicarlas a futuro, o los resguardos y garantías que darán para que esto no ocurra.

“En s√≠ntesis, el sistema de videovigilancia es contrario a los derechos humanos”, plantea el documento.

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