A más de dos años de interpuesta la querella liderada por el exdiputado Gustavo Hasbún (UDI), el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo de la exministra de Justicia, Javiera Blanco, en la indagatoria del caso Gendarmería.
Blanco estaba en la mira del Ministerio Público por la contratación de Roberto González, Juan Cárdenas, Héctor Opazo y Alejandro Pérez, además de un posible fraude al fisco.
En concreto, la resolución atiende a la solicitud que realizó en febrero la propia Fiscalía Centro Norte, instancia que descartó el nombramiento ilegal de cuatro funcionarios y, de paso, negó que existiera fraude al fisco.
“Se pudo comprobar en la investigación, fehacientemente, a través de documentos, que efectivamente estas personas prestaron el servicio para el cual fueron contratados y que, obviamente, las remuneraciones las recibieron para sus gastos personales”, explicó el fiscal a cargo, Francisco Ledezma.
Eso sí, aclaró que esta resolución no es un precedente para otros casos en los que Blanco es investigada por delitos similares, como el caso Ascar, programa que estaba destinado para jóvenes del Servicio Nacional de Menores (Sename) y no logró su propósito inicial.
Por su parte, la abogada de Blanco, Paula Vial, dijo que este fallo va cerrando aristas de lo que consideró una acción política. Y reconoció que la resolución le genera mayor confianza en la objetividad del Ministerio Público.
“Esperamos que en Ascar ocurra algo similar. Y confiamos en la forma en que va a conducirse esa investigación”, remarcó.
Pese a ello, el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, querellante del caso Ascar, acusó que el fallo de la arista Gendarmería no se hace cargo del problema de fondo.
“Se realizaron trabajos que no eran precisamente de Gendarmería. Lo que ocurrió en el mandato de Javiera Blanco es que recursos que estaban destinados a Gendarmería, fueron asignados a otras contrataciones”, subrayó.
“Acusación política”
Por el contrario, el diputado socialista Leonardo Soto salió a respaldar a Blanco y afirmó que en el caso Gendarmería nunca hubo pruebas contundentes sobre las imputaciones.
“Era un resultado esperable. Nunca siquiera formalizaron. Nunca hubo antecedentes consistentes, poderosos o fundados. Más bien lo que hubo siempre fue una acusación política”, remarcó.
Con todo, el fiscal Ledezma aseguró que aún está revisando los antecedentes del caso Ascar, que le fue recientemente traspasado. Tras ello recién analizará posibles diligencias.
Bajo dicho escenario, la abogada de Blanco no descartó que más adelante también se pueda analizar la posibilidad de pedir sobreseimiento en esa arista.
