La sobre duración de carreras tanto a nivel universitario, en institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CTF) cuesta un promedio de $3.3 millones por alumno.

Lo anterior tiene un costo global de $460 mil millones: $340 mil asumidos por los núcleos familiares y $121 mil por el Fisco a través de sus ayudas estudiantiles, de acuerdo a los resultados de un estudio de Aequalis.

El presupuesto aportado por el Fisco, afirmó el académico a cargo de la investigación, Fabián Riquelme, fue el equivalente a “un tercio del gasto público en gratuidad para IP y CFT 2019 o a la mitad de lo presupuestado en becas educación superior”.

La investigación, además, arrojó que de los 200 mil graduados que se tomaron como muestra en 2017, “aproximadamente 140 mil de ellos se titularon con posterioridad a la duración formal de sus carreras”.

Según Riquelme, ese año en concreto, la sobre duración alcanzó un 29.2%. Tal indicador se compuso del 32.7% que aportaron los CFT, el 31.3% de los universitarios y el 24.1% de aquellos titulados de IP.

“Es importante reiterar que este indicador ha permanecido prácticamente igual en los últimos 10 años”, indicaron en el estudio.

De acuerdo al presidente de Aequalis, el doctor Iván Navarro, esta problemática es “uno de los principales desafíos en la educación superior en Chile”.

Aquello genera una sensación de “frustración en los estudiantes que ingresan a la educación superior y que ven disminuidas sus posibilidades de finalizar a tiempo y con éxito sus estudios”.

Ello pues Chile todavía ve en esta área “el camino más seguro hacia una vida de mayor prosperidad”, indicaron. No obstante, esta situación ya había sido advertida por la OCDE en 2009.

Según detallaron en su momento, “si no se tiene a la vista un conjunto de otros indicadores que permitan tener una visión más amplia y aguda de los derroteros seguidos por la educación superior chilena, tales como las tasas de deserción y las tasas de titulación oportuna, una política que se enfoque exclusivamente en aumentar los porcentajes de ingresos y descuide estos otros elementos fundamentales, es una política truncada, poco eficaz”, indicaron.

Para concluir, Navarro señaló que la titulación oportuna, es decir aquellos estudiantes que se titulan hasta un año después de la duración formal de la carrera o programa, debe ser “un indicador indispensable para la medición de la eficiencia”.

Tal factor, además, “invita a la reflexión sobre cómo las instituciones de educación superior apoyan la progresión académica de sus estudiantes, qué modificaciones o ajustes a los programas se deben realizar, qué carencias de entrada presentan los estudiantes desde la educación escolar, entre otras reflexiones”, sostuvo el académico.