En los últimos años, en suelo nacional, la Iglesia Católica ha atravesado una crisis que ha azotado los cimientos de la milenaria institución, principalmente por los casos de abuso sexual perpetrados por miembros del clero.
No por nada esta situación tiene a todos los obispos renunciados, generó la salida del cardenal Ricardo Ezzati y la condena por parte de la justicia civil en contra del Arzobispado de Santiago, fallo que indemnizará con $100 millones a cada víctima de Fernando Karadima y al que no recurrirán.
En este contexto, tanto el Senado como la Cámara de Diputados pondrán en tabla -en los próximos días- dos proyectos de Ley que terminan con los privilegios eclesiásticos de las autoridades del clero.
Además, se busca obligar a los religiosos que conozcan de abusos sexuales a denunciar estos delitos ante la justicia, sin poder excusarse en sus fueros.
La primera de estas iniciativas se encuentra en segundo trámite en el Senado y apunta a que las autoridades religiosas, políticas y judiciales deban concurrir ante cualquier citación judicial al lugar que establezca el juez competente y no donde ellos lo establezcan, explicó el vicepresidente de la instancia, Alfonso de Urresti.
El segundo proyecto apunta a establecer la obligación de denuncia cada vez que un religioso conozca de situaciones de abusos sexuales contra menores de edad.
Ello, a juicio del diputado de la Democracia Cristiana, Raúl Soto, se hace necesario por las vicisitudes y problemas al interior de la Iglesia.
No obstante lo anterior, Ezzati, en entrevista con La Tercera, aseguró que el papa Francisco “no está enojado con los obispos de Chile”.
Por el contrario, el pontífice estaría “preocupado por la vivencia cristiana en el país”, que depende de “bautizados, laicos, consagrados, sacerdotes y, naturalmente, de los obispos, que tienen una responsabilidad especial”.
