La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió este lunes ratificar la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) que ordenó, en primera instancia, a Gendarmería que entregue la lista de internos condenados por crímenes de lesa humanidad.
El organismo de Transparencia había decidido que la entidad penitenciaria debe entregar copia actualizada de la nómina de internos recluidos en Colina 1 y Punta Peuco que cumplan condenas por delitos contra los Derechos Humanos, sin tarjar nombre y apellidos, al tratarse de antecedentes contenidos en registros de carácter público que debe mantener cualquier unidad penal.
El presidente del CPLT, Marcelo Drago, comentó que este tipo de casos “permite ver que la Transparencia, a partir del derecho de acceso a información pública, y la protección de datos personales, que en este caso no aplica por tratarse de personas condenadas, son dos caras de una misma moneda”.
Lo anterior, a partir del rechazo del reclamo de ilegalidad y las causales de reserva alegadas ante el tribunal de alzada capitalino por parte de Gendarmería.
De acuerdo a este pronunciamiento, la institución pública debe cumplir con lo ordenado por el CPLT y hacer entrega de la información solicitada vía Ley de Transparencia.
“Con Gendarmería nos enfrentamos sistemáticamente a la decisión de negar el acceso a la información sobre personas que están cumpliendo condena por crímenes de lesa humanidad y de llevarnos a tribunales para intentar mantener en la opacidad antecedentes que son parte de un registro público que está obligado a mantener la institución y que, por ende, puede divulgarse”, agregó el presidente del CPLT, Marcelo Drago.
Sobre el particular, el pronunciamiento del mencionado tribunal detalla que no resulta aplicable el régimen general de protección dispuesto en el artículo 7 de la ley señalada, puesto que, tanto la Constitución como la Ley establecen el carácter público de los datos relativos a condenas penales.
La Corte concluyó que la información solicitada “deriva de comportamientos sociales ejecutados por las personas de que se trata, que –en cuanto sociales- han rebasado lo privado para situarse en lo público, en términos que son susceptibles de divulgación”.
El próximo sábado 30 de marzo vence el plazo para dar curso a la última instancia judicial a la que podría recurrir Gendarmería, presentando un recurso de queja ante la Corte Suprema para oponerse a la entrega del listado de nombres de internos condenados por crímenes de lesa humanidad en los recintos mencionados.
Ante el organismo de Transparencia se han revisado tres amparos en contra de Gendarmería por negarse a la entrega de información similar y se mantiene pendiente en la corte santiaguina un reclamo de ilegalidad que aún no ha sido alegado.
