La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, postergó para el próximo martes la votación en general del proyecto que perfecciona la actual Ley de Acceso a la Información Pública.
El aspecto más controvertido de la iniciativa es la creación de la Comisión para la Transparencia del Estado, que a juicio de sus detractores, superpone atribuciones del actual Consejo para la Transparencia y convierte esta política pública en un asunto del gobierno de turno y no en una política de Estado.
Eso es lo que manifiesta el diputado socialista Leonardo Soto, quien cuestiona que un grupo de entidades, entre las que se encuentran el Congreso Nacional, el Poder Judicial y el Banco Central, entre otras; puedan determinar qué aspectos ponen a disposición de la ciudadanía, lo que a juicio de Soto constituye un retroceso en materia de transparencia.
Una posición similar manifestó el presidente del Consejo Para la Transparencia, Marcelo Drago, quien cuestionó la creación de la Comisión para la Transparencia del Estado, encabezada por algunos ministros y en la que participarán organismos autónomos, que tendrán sus propias reglas en materia de Transparencia.
Pero el ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, defendió la iniciativa y aseguró que lejos de quitarle atribuciones al Consejo Para la Transparencia, estas se fortalecen.
Blumel sostuvo que además se avanza en integrar a los órganos autónomos del Estado en el sistema de Transparencia.
El proyecto, cuya idea de legislar debe ser votada la próxima semana, establece entre otras consideraciones que las instituciones privadas que reciben fondos públicos deban acogerse al sistema de transparencia activa y amplía las posibilidades de escrutinio público sobre las actuaciones de los órganos del Estado.
