María del Pilar López Barrera es una mujer transgénero de 43 años que cumplió una pena de 15 años por el delito de violación en centros penitenciarios de Alto Hospicio, Antofagasta, La Serena y Bío Bío.
Hoy, junto a su defensa, acusa que al interior estos recintos fue víctima de apremios ilegítimos, torturas, transfobias y humillaciones por parte de personal de Gendarmería, motivo por el cual demandó al Estado buscando una indemnización de $250 millones.
En algunas ocasiones “fue golpeada, desnudada, revisada por personal masculino e incluso impedida de acceder a medicamentos”, dijo el abogado Juan Badani a La Estrella de Iquique.
La afectada fue condenada en 2004 por el Juzgado de Garantía de Los Andes y terminó de purgar su pena en diciembre de 2018, aunque, según se explicó en el recurso, los abusos no fueron denunciados “por temor a castigos”.
La acción legal fue ingresada ante el 12° Juzgado Civil de Santiago, escrito que establece que “en diciembre de 2018, y en cuanto al ámbito psicológico, María del Pilar fue diagnosticada con trastorno del estrés postraumático crónico como consecuencia de los hechos, malos tratos, golpes, apremios ilegítimos, discriminación y burlas sufridas por un agente del Estado, como lo es Gendarmería de Chile”.
En conversación con el citado medio, López lamentó la duración y el costo de sus tratamientos. “Necesito volver a mi vida normal como cualquier persona, yo le pagué a la justicia lo que hice y ahora estoy enfrentando a la sociedad y a mi vida nueva”, sostuvo.
Actualmente, María del Pilar, quien logró a través de una acción judicial interpuesta en diciembre de 2016 ser llamada por su nombre social y ser controlada al interior de la cárcel por mujeres gendarmes, vive de una peluquería que estableció en San Felipe, región de Valparaíso.
Por su parte, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), que patrocina su demanda, señaló “esperar justicia en este caso, el cual no solo servirá para paliar el daño causado a María del Pilar, sino también para que de una vez Gendarmería cese con los abusos en razón de la orientación sexual o la identidad de género de los internos y, a veces, también de los funcionarios LGBTI”.
