16-02-2019 a las 14:35

Corte Suprema respaldó proyecto que permitiría sustituir penas de cárcel por razones humanitarias

Por Felipe Delgado
La información es de Mario Vera
Archivo | Agencia UNO

La Corte Suprema respaldó el proyecto de ley del Gobierno que sustituye penas de cárcel por arresto domiciliario total, esto en casos de ‘razones humanitarias‘.

El máximo tribunal del país envió al Senado un informe favorable sobre la iniciativa que se tramita en el Congreso, que permitiría a condenados de avanzada edad con enfermedades terminales graves o que les impidan ser autovalentes, solicitar cumplir su condena con arresto domiciliario total. Esto siempre y cuando se haya consumado más de la mitad de la sentencia.

El documento, acordado por el pleno, indica que “debe darse la bienvenida a una iniciativa de ley destinada a poner a nuestra legislación a tono con las tendencias, ya muy antiguas, de la dogmática y del Derecho Comparado, recocidas, incluso, en instrumentos jurídicos internacionales que se mencionan en el propio proyecto”.

El vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, reconoció que el escrito es un apoyo a la propuesta de ley.

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El ministro de Justicia, Hernán Larraín, calificó como positivo el informe emanado por el máximo tribunal del país y señaló que lo más conveniente es que las personas con enfermedades terminales cumplan la condena en casa.

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Este respaldo de la Corte Suprema molestó agrupaciones de Derechos Humanos y acusaron que el proyecto beneficia a criminales de lesa humanidad, quienes tendrán requisitos adicionales para solicitar el beneficio.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, aseguró que la Sala Penal del máximo tribunal ha sido muy generosa con criminales de lesa humanidad.

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En un tono similar, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, manifestó su preocupación por el apoyo del Poder Judicial a la iniciativa.

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La propuesta fue ingresada el pasado 28 de diciembre al Senado y se encuentra en su primera fase legislativa. Desde la oposición han promovido indicaciones para establecer mayores exigencias para violadores de Derechos Humanos.

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