La justicia decretó este lunes la libertad provisional del excomandante del Ejército Juan Emilio Cheyre, detenido días atrás en el marco de un proceso que juzga su participación en la aplicación de torturas a presos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El jueves pasado, Cheyre y otros exaltos jerarcas militares fueron detenidos y enviados a un regimiento militar de Santiago, una medida que fue revocada este lunes tras el pago de una fianza de un millón de pesos.

“Corte de Apelaciones de #LaSerena confirma libertad provisional para exmilitares procesados por torturas Juan Emilio Cheyre, Raúl Ojeda Torren y Mario Larenas Carmona”, informó el Poder Judicial en su cuenta de Twitter.

El arresto de Cheyre fue ordenado por el juez Vicente Hormazábal, de La Serena, tras recabar testimonios que aseguran que participó en torturas propinadas en el Regimiento Arica entre septiembre y noviembre de 1973.

En esa época, Cheyre era teniente de ese regimiento, en los primeros pasos de una exitosa carrera militar que lo llevó a comandar el Ejército entre 2002 y 2006.

El militar ya fue condenado en noviembre pasado a tres años de libertad vigilada por encubrir 15 homicidios en 1973 en el marco de la “Caravana de la Muerte”, un siniestro plan en el que un grupo de militares realizaron viajes en helicóptero por varias ciudades para ejecutar a opositores a la dictadura que derrocó al socialista Salvador Allende.

Con la maniobra, el régimen de Pinochet asesinó a casi un centenar de prisioneros políticos. El caso llevó a procesar al dictador que, pese a las causas abiertas, murió en 2006 sin ser condenado por la justicia.

Juan Emilio Cheyre, excomandante en jefe del Ejército.
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Cristián Cruz, abogado querellante del caso, le restó importancia a la decisión, señalando que el proceso continúa su curso a pesar de la libertad provisional.

“La causa continúa, esto no es un tema de fondo, sólo es la libertad provisional”, aseguró.

Floribed Alcayaga, representante de los familiares de detenidos desaparecidos y presos políticos en La Serena, condenó la decisión, acusando a los tribunales de ser cómplices de la impunidad de la violencia política que -advierte- sigue vigente.

“Después de esta resolución, que es de temer, por los ejemplos que dejaron los esbirros de la dictadura militar, en donde mataron, hoy día están dejando claro que eso va a pasar con los dirigentes políticos y de hecho ya está pasando. Los tribunales están siendo cómplices de la impunidad”, sentenció.

Por su parte, Nicolás Barrantes, uno de los querellantes en la causa, sostuvo que confían en el proceso judicial, pero esperan que la resolución final determine, por lo menos, pena de cárcel efectiva.

“El proceso continúa y vienen otros pasos a seguir y otras decisiones. Y todas estas cosas nosotros tenemos que esperarlas, todo tiene su tiempo y hay que ser respetuoso de la justicia”, señaló.

“Por la magnitud de los crímenes, la cárcel efectiva es lo mínimo que se puede pedir, no se puede decir cadena perpetua, porque sería una utopía”, opinó.