El jefe de la División de Educación Superior (Divesup), Juan Eduardo Vargas, aseguró, tras el retraso en la ampliación de la gratuidad para el 2019 en Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales, que la iniciativa será prioridad para el Gobierno durante este año.

En tanto, desde la oposición sostuvieron que el Ejecutivo ha tenido un doble discurso sobre la política de financiamiento, luego de apoyar el requerimiento que declaró inconstitucional el uso del Fondo Solidario para paliar los déficit en universidades del Consejo de Rectores (Cruch).

Si bien fue la primera iniciativa legal en educación que el Gobierno ingresó al Congreso, en abril de 2018, poco avanzó en su tramitación legislativa el proyecto que busca ampliar la gratuidad para los estudiantes del séptimo decil, que cursen carreras técnico-profesionales en instituciones que tengan al menos 4 años de acreditación y no lucren.

Luego de permanecer 9 meses estancada en el Senado, la iniciativa recién fue votada en general la semana pasada, porque el Gobierno nunca apuró su discusión con las urgencias legislativas.

Vargas reiteró que el compromiso del Gobierno es dar prioridad a la ampliación de la gratuidad para CFT e Institutos Profesionales.

“Ya se aprobó la idea de legislar. A nosotros nos concierne que su tramitación vaya lo más rápido posible para que en 2020 empiece a regir”, expresó el jefe de la Divesup.

Doble discurso

El próximo presidente de la Comisión de Educación del Senado, Juan Ignacio Latorre (RD), acusó al Gobierno de un doble discurso en torno a la gratuidad.

Esto, pues el Ejecutivo busca ampliar el beneficio en la educación técnico-profesional, pero -a su vez- apoyó que se declarara inconstitucional el uso de los excedentes del Fondo Solidario para paliar los déficit en las universidades del Cruch.

“Se pretende ampliar, por un lado, al mismo tiempo que se apunta a su fracaso”, dijo el parlamentario del Frente Amplio.

Por su parte, la senadora Isabel Allende (PS) subrayó la necesidad de que las instituciones técnicas se acrediten, de manera que puedan adherir a la gratuidad y también garantizar un mínimo de calidad.

“Un 54% de los CFT no cuentan con dicha acreditación… A lo menos, esta ley debe ser un incentivo para que se esfuercen por lograrlo”, indicó.

La discusión en particular del proyecto que aumenta la gratuidad al séptimo decil, se iniciará en marzo próximo en la Comisión de Educación del Senado. Eso sí, una vez que el Gobierno ingrese la indicación para que el beneficio se extienda también a las carreras técnicas.