El Ministerio de Educación anunció esta semana que enviará un proyecto de ley para flexibilizar el uso de la Subvención Escolar Preferencial por parte de los colegios.
Esta asignación la entrega el Estado a los establecimientos municipales y particulares subvencionados por cada alumno prioritario que reciban. Para obtenerlo, el sostenedor debe -en forma voluntaria- firmar un convenio en que se compromete a destinar esos recursos a iniciativas que apoyen a esos alumnos y a medidas para mejorar el desempeño de los estudiantes con bajo rendimiento académico.
El Mineduc pretende que los recursos puedan llegar a cerca de cien mil alumnos preoritarios que hoy no lo reciben, puesto ue sus establecimientos no han firmado el convenio. Además, buscan flexibilizar el uso que los sostenedores pueden dar a esos recursos.
El alcalde de Lo Prado y presidente de la Comisión Técnica de Educación de la Asociación chilena de Municipalidades, Maximiliano Rios, respaldó la flexibilización de esta subvención y aseguró que la autonomía de los sostenedores en la destinación de los recursos es una gran iniciativa.
“Me parece extraordinario, porque con la subvención base no alcanza”, dijo.
Distinta es la opinión de Catherine Flores, doctora en Educación y docente de la Universidad de Santiago, quien cuestionó la flexibilización en el uso que los sostenedores podrán dar a estos recursos.
Afirmó que deben ser regulados para asegurar el mejoramiento en la calidad de educación.
“Debiera estar condicionada y, sobre todo, que hubiera controles sobre qué se hizo con ella”, explicó.
En 2012, la Contraloría General de la República determinó el mal uso y pérdida de más 25 mil millones de pesos proveniente de las SEP.
Dicha situación se repitió en 2014, cuando el monto alcanzó los 10 mil millones de pesos.
