La Moneda dejó en manos del gobierno colombiano la continuidad de Chile como garante en el diálogo entre Bogotá y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), acusados de estar tras el atentado terrorista de la semana pasada que dejó a 21 personas muertas.

Tanto desde el oficialismo como la oposición respaldaron la decisión del presidente Sebastián Piñera en la materia.

Días complejos son los que se viven Colombia luego del último ataque terrorista ocurrido el jueves 17 de enero en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, de Bogotá, el cual dejó un saldo de 21 cadetes muertos luego de que detonara un automóvil conducido por un hombre con 80 kilos de pentolita.

Transcurrido los días, el ELN se adjudicó el atentado, reavivando entre la población colombiana el temor constante a ser víctimas de hechos de violencia y que en las últimas décadas dejan un largo listado de víctimas fatales.

El atentado terrorista en Bogotá se dio en medio de los alicaídos diálogos entre el gobierno, que dirige actualmente el presidente Iván Duque, y los 10 líderes del ELN, los cuales se estaban desarrollando en Cuba.

Chile, Venezuela y Noruega son las naciones que firmaron el acuerdo en calidad de garantes de las tratativas. Similar actuación a la que se tuvo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Sin embargo, luego del último atentado, dicho diálogo quedó suspendido, activándose un protocolo que está dentro del libelo firmado por las partes en cuestión, y reconocido por Chile, en que se le otorga un plazo de 15 días para analizar si se retoma o no la conversación.

En este sentido, y consultado por Radio Bío Bío, el gobierno de Sebastián Piñera -lejos de la doctrina interna ha tenido sobre no dialogar con terroristas- optó por no anunciar su retiro indefinido de las conversaciones, sino que dejó en manos de Colombia la continuidad del proceso.

Es decir, si el gobierno de Iván Duque decide conversar con el Ejército de Liberación Nacional, Chile se reintegrará, según lo explicó el canciller Roberto Ampuero.

El canciller, al igual que la Presidencia de la República, subrayaron que condenan los actos terroristas, pero reconocieron que el proceso en su conjunto es un tema que debe resolver el propio gobierno cafetero.

Desde la UDI respaldaron que Chile no se cierre a colaborar con el diálogo frente a un conflicto, más allá de la difícil situación que se está viviendo en ese país, según lo planteó el diputado gremialista y miembro de la comisión de Relaciones Exteriores, Issa Kort.

Desde el Frente Amplio se expresaron opiniones similares. El presidente de la comisión de RREE de la Cámara baja y militante de Revolución Democrática, Pablo Vidal, sostuvo que su posición es que “nunca se deben agotar las instancias de diálogo para resolver conflictos como el que hoy día atraviesa Colombia con el ELN”.

El diálogo entre el ELN y el gobierno colombiano que dirige Iván Duque está suspendido temporalmente, e incluso se ha elevado la tensión, puesto que Bogotá dejó sin efecto las autorizaciones especiales otorgadas a la cúpula del movimiento paramilitar para salir o entrar al país, pidiendo su detención por su responsabilidad intelectual en el reciente atentado.