La tensión continúa. Los cambios propuestos para la Cámara Alta por el presidente del Senado, Carlos Montes (PS), y el vicepresidente Carlos Bianchi (IND), no están siendo bien recibidos por los funcionarios.

Durante la tarde de este miércoles, el presidente de la Asociación de Funcionarios del Senado (Afusem), Erwin Valencia, acusó que el senador Montes quiere politizar el servicio de los funcionarios en el Congreso, llamando a un concurso público para proveer el cargo de secretario del Senado mediante mecanismos “entre cuatro paredes” y sin diálogo con los trabajadores.

Los funcionarios concuerdan en que el conflicto inició el 17 de julio de 2018, cuando en la cuenta pública el presidente del Senado anunció el retiro del actual secretario general del Senado, Mario Labbé, a partir del 31 de diciembre recién pasado.

De hecho, Valencia calificó como una “falta de respeto” la forma en que fue removido, considerando que es el más alto cargo de los funcionarios de la Corporación y ejerce un liderazgo entre los trabajadores de la planta del Senado. “Él es nuestro jefe, es como que se lo hicieran a todo el personal”, remarcó.

Así, acogiéndose al bono de incentivo al retiro, Labbé oficializó el asunto mediante una carta el 14 de noviembre de 2018. Pero unos días antes del plazo, el 17 de diciembre, retiró su renuncia y pidió extender el plazo hasta abril o hasta junio de 2019.

De todos modos, Montes dio curso al proceso para encontrar a su reemplazante y publicó el llamado en el Diario Oficial, El Mercurio y El Mercurio de Valparaiso el pasado 30 de diciembre de 2018.

Bajo dicho confuso escenario, y según confirmaron fuentes de Radio Bío Bío, finalmente se ratificó este miércoles que el actual secretario va a permanecer en su cargo hasta el 8 de marzo de 2019.

En tanto, en medio de las pugnas internas, el proceso de llamado definirá al nuevo titular del cargo durante febrero, un mes donde la mayoría de la Corporación se encuentra de vacaciones, razón por la que los funcionarios alegan falta de transparencia.

Los más poderosos del Senado

Labbé ostenta uno de los cargos más apetecidos e influyentes de la corporación, sobre todo porque es de los pocos profesionales que poseen un sueldo superior al de los parlamentarios: 10,2 millones de pesos, y que incluso puede llegar a los 16 millones de pesos considerando bonos de antigüedad y desempeño.

Si bien el abogado permanece en la planta del Congreso desde 1987, se encuentra en el cargo desde 2011, cuando asumió en reemplazo del controvertido Carlos Hoffmann (2000-2010).

Quien le sigue es el segundo alto cargo, el prosecretario José Luis Alliende, quien trabaja en el Congreso desde 1975 y percibe un salario de 9,3 millones de pesos.

Según explican los funcionarios, tras la salida de Labbé, las presiones se enfocarán en remover a Alliende, sumado también al secretario de comisiones y al jefe de relaciones públicas.

Si bien algunas voces admiten que las relaciones entre Labbé y Alliende no eran buenas, los trabajadores de la Corporación insisten en que la forma de removerlo no fue la adecuada.

“Modernización” de la Cámara Alta

Los funcionarios apuntan contra el plan de modernización, probidad y transparencia del Senado, propuestos por Montes desde el polémico anuncio en la cuenta pública de 2018.

Si bien Bianchi, en esa línea, presentó una propuesta al Ministerio de Hacienda para quitar del escalafón a las dos categorías de sueldo más altas -lo que permitiría un ahorro de 800 millones anuales-, Montes planteó una reforma que suma tres nuevas figuras: un prosecretario legislativo, otra administrativo y uno especial para comunicaciones.

Según Valencia, el texto de las iniciativas presentadas apenas tienen tres hojas, cuando -en su opinión- una propuesta de esa envergadura debería considerar unas 30 hojas.

Los funcionarios apuntan a que la idea de Montes no supone que las nuevas figuras sean un reemplazo de las actuales direcciones, por lo que estiman que el aumento podría significar unos 400 millones anuales adicionales.

“No entiendo yo de qué plan de modernización hablamos”, acusó. Ellos han propuesto una reducción en el mismo sentido de Bianchi, pero señalan que Montes se ha empecinado con Labbé y Alliende y ha descartado la iniciativa de los funcionarios .

“Su fin no es modernizar, es politizar”, remarcan, ya que -por ejemplo- el llamado se publicó sólo en Santiago y Valparaíso, y no se realizó mediante el sistema de Alta Dirección Pública, ya que en los hechos los postulantes los elige el Régimen Interno del Senado, con plazos acotados y bajo un proceso que debe ser ratificado por 2/3 (29 de 43 miembros) de la Sala.

Montes se defiende

El presidente del Senado, Carlos Montes, se refirió más tarde a estas acusaciones contra su plan de modernización.

“Descarto (un intento de politizar). Acá hay una institucionalidad que eso no lo permite. Los cambios de directivos dentro del Senado son procesados finamente por Régimen Interno, eso va a la Sala y requiere dos tercios, por lo tanto requiere acuerdo y un proceso de discusión para buscar las personas adecuadas”, argumentó a Radio Bío Bío.

“El Senado requiere cambios, estoy convencido. El punto nodal para iniciar algo nuevo es cómo se dirige el sistema. Tiene una forma de dirigirse que no permite innovar, que no permite pasar a otra etapa”, aseguró.