Nacional
Sábado 29 diciembre de 2018 | Publicado a las 10:00 · Actualizado a las 11:27
Carabineros, Ejército, Iglesia Católica y la banca: las instituciones más golpeadas este 2018
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El 2018 fue muy agitado para las instituciones, con crisis arrastradas desde a√Īos anteriores pero que se vieron agravadas con nuevos esc√°ndalos que han costado caro a algunas de las m√°s tradicionales e importantes del pa√≠s.

Las m√°s golpeadas vieron fuertes ca√≠das en su aprobaci√≥n, adem√°s de medi√°ticas renuncias y remociones en medio de las b√ļsquedas de responsabilidades, marcando los puntos m√°s complejos de un a√Īo ya complejo.

Desorden y patria

Arrastrando todavía las aristas del Pacogate y la Operación Huracán, que afectaron la imagen de la institución en materia administrativa y de Inteligencia, respectivamente, en noviembre Carabineros entró en una grave crisis que convirtió a Hermes Soto en el general director más breve de su historia, y en el primero en ser removido de su cargo desde el retorno a la democracia.

Tras el inicio de la investigación del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca en La Araucanía, la policía uniformada cayó a su punto más bajo de aprobación desde que este ítem fue medido por primera vez en 2015.

Cada nuevo vuelco en el caso significó una nueva sacudida para su Alto Mando y para la credibilidad de la institución.

La crisis inici√≥ con la muerte del comunero el 14 de noviembre, en medio de un operativo del “Comando Jungla” en Temucuicui. La versi√≥n inicial de Carabineros apuntaba a un enfrentamiento entre comuneros y el GOPE tras el robo de tres veh√≠culos a un grupo de docentes de un colegio local, en que supuestamente Catrillanca hab√≠a participado. Dicha tesis se fue derrumbando conforme fue d√°ndose a conocer evidencia que la contradec√≠a directamente, y que sustentaban el testimonio del menor que estaba junto al comunero en el tractor en el momento de su muerte.

Sebasti√°n Brogca | Agencia UNO
Sebasti√°n Brogca | Agencia UNO

La mentira que más marcó el caso y levantó las sospechas de encubrimiento tuvo que ver con las cámaras GoPro con que están equipados los uniformes de los efectivos, quienes aseguraron que no las portaban durante el operativo. Sin embargo, otro registro dejó en evidencia que parte de ellos sí las llevaban consigo, tras lo cual la versión cambió: la tarjeta de memoria habría sido destruida por contener material íntimo.

Más adelante, surgió una nueva versión que hizo reflotar las dudas una vez más, cuando el abogado de uno de los imputados aseguró que la tarjeta de memoria nunca fue destruida realmente.

Pero no fueron esos los √ļnicos vuelcos en la investigaci√≥n.

El 2 de diciembre rondó por redes sociales un video protagonizado por Carlos Alarcón, acusado de ser quien disparó a Catrillanca, en que aseguraba que les hicieron mentir, poniendo en la mira a sus superiores.

Uno de los mayores cl√≠max de la crisis ocurri√≥ entre el mi√©rcoles 19 y el viernes 21 de diciembre, comenzando con la publicaci√≥n de 4 videos. Uno de ellos era de la c√°mara particular de uno de los efectivos que participaron del operativo, dos de los veh√≠culos del GOPE que filmaron -entre otras cosas- la detenci√≥n del menor, y una de otro funcionario que registr√≥ el momento en que sus compa√Īeros sacaban a un agonizante Catrillanca de su tractor. Dos d√≠as despu√©s, tras cuestionamientos del Gobierno y la oposici√≥n, Soto era destituido.

Además de él, varios uniformados han debido salir de la institución por motivos vinculados a este caso.

Primero fueron dados de baja los 4 carabineros del equipo GOPE que llegaron inicialmente al lugar por mentir en cuanto a las cámaras. Junto con ellos, presentaron su renuncia el general Mauro Victoriano, jefe de Orden y Seguridad de La Araucanía, e Iván Contreras, prefecto de las Fuerzas Especiales de la misma región.

El siguiente en caer fue el hasta entonces intendente de La Araucanía, Luis Mayol, quien debió renunciar cediendo a las presiones de la oposición, desde donde se amenazaba con una acusación constitucional por su su manejo político del caso, principalmente luego de sus primeras declaraciones en las que sindicó como responsable de un robo al comunero mapuche abatido.

Luego fue destituido también el cabo que grabó el mensaje de Carlos Alarcón desde su prisión preventiva. A esto se sumó la salida del hasta entonces jefe nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, Cristian Franzani, y el mayor Manuel Valdivieso, jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) en la región de La Araucanía.

Archivo | Agencia UNO
Archivo | Agencia UNO

Junto a este √ļltimo se despidi√≥ tambi√©n a Cristi√°n Inostroza Qui√Īi√Īir, el abogado que prepar√≥ la primera declaraci√≥n de los exfuncionarios del GOPE.

Finalmente, el Gobierno le pidió la renuncia a Hermes Soto, quien se negó a presentarla, forzando al Ejecutivo a destituirlo. Al momento de ser removido, el ahora exgeneral director tramitó la salida de otros 10 miembros del Alto Mando.

Más tarde, el nuevo general director, Mario Rozas, llamó a retiro a otros 5 funcionarios al conformar su nuevo Alto Mando. Con esto, la cifra de generales llamados a retiro durante 2018 ascendió a 52.

Adicionalmente, un sargento fue también dado de baja por mofarse de la muerte de Catrillanca en redes sociales.

Tras el retiro de Hermes Soto, el caso se complejiz√≥ a√ļn m√°s luego de que uno de los exuniformados le vinculara con el abogado acusado de redactar la versi√≥n inicial de los hechos, y se incluy√≥ al conductor del veh√≠culo en que llegaron al operativo entre los formalizados.

Fuera del caso Catrillanca, la institución recibió una nueva sacudida en los días previos a Navidad por la divulgación de un video en que se registró a tres oficiales deteniendo violentamente a un hombre en Buin. Los tres fueron dados de baja por la institución y quedaron con arresto domiciliario nocturno.

Otra rama de las Fuerzas Armadas que tambi√©n fue golpeada, pero en menor medida, fue el Ej√©rcito de Chile. Este a√Īo, el caso Milicogate dio paso a una nueva arista que pas√≥ a conocerse como el caso Pasajes o “turismo militar”, lo que inici√≥ con el procesamiento del oficial Sergio V√°squez Undurraga por viajes a Florida, Punta Cana y Espa√Īa con fondos p√ļblicos. La investigaci√≥n termin√≥ por derrumbar al segundo al mando de la instituci√≥n, John Griffiths.

A esto se suma la revelación en noviembre de que el comandante en jefe, Ricardo Martínez, sabe de oficiales del Ejército que vendieron armas a narcotraficantes tras darlas por perdidas.

Crisis de fe

Los casos de pederast√≠a en la Iglesia Cat√≥lica no son nuevos, pero este a√Īo este tema vio varios avances que comenzaron con la visita en enero del papa Francisco al pa√≠s. Su paso estuvo marcado por las cr√≠ticas a la figura del ahora exobispo de Osorno, Juan Barros, acusado de encubrir los abusos de Fernando Karadima.

El punto de inflexión lo marcó una pregunta de Radio Bío Bío al Papa sobre las acusaciones contra Barros, en la que dijo que todo era calumnia y que necesitaba pruebas.

Las críticas fueron tales que el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, efectuó dos visitas al país en una misión papal para investigar los casos de pederastía y las acusaciones de encubrimiento que apuntan a las autoridades eclesiásticas chilenas.

Uno de los momentos que marcaron el a√Īo lleg√≥ en mayo, cuando todos los obispos de Chile dejaron sus cargos a disposici√≥n el Papa tras una serie de reuniones en el Vaticano.

Archivo | Agencia UNO
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En tanto, uno de los episodios m√°s oscuros para el clero fue el de “La Cofrad√≠a”, la investigaci√≥n de una red de abusos sexuales y de poder que provoc√≥ la suspensi√≥n de 14 religiosos de Rancagua y las renuncias de dos sacerdotes. Algunos de los imputados, incluyendo al supuesto l√≠der de la red, fueron sobrese√≠dos por la Justicia.

En medio de todo este escenario, a partir de junio el Papa comenz√≥ a sacar a algunos obispos de sus cargos comenzando por el obispo Barros y sus pares de Valpara√≠so y Puerto Montt (aunque estos dos √ļltimos por motivos de salud). M√°s tarde, se sumaron las salidas de los prelados de Rancagua y Talca, de Chill√°n y San Felipe, y de La Serena e Iquique.

De esta forma, son 9 los prelados que dejaron sus cargos por mano del Papa, mientras que el ahora exarzobispo de Antofagasta, Pablo Lizama Riquelme, se acogió a retiro. Otras salidas icónicas del clero incluyen a Fernando Karadima, y Cristian Pretch, quienes fueron expulsados por Francisco de la Iglesia.

En este escenario, hay voces que exigen también la salida del cardenal Ricardo Ezzati, quien es investigado como imputado por encubrimiento. De hecho, hay quienes sugieren que el actual arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, podría sucederle.

Archivo | Agencia UNO
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Los abusos en el clero son indagados por el Ministerio P√ļblico, siendo uno de los momentos clave de este proceso los allanamientos simult√°neos en instalaciones de la Iglesia Cat√≥lica en Concepci√≥n, Osorno, Chill√°n y Valpara√≠so, los que se sumaron a los anteriores operativos en la Conferencia Episcopal en el centro de Santiago y la sede de los Hermanos Maristas.

Hablando con datos duros, durante el a√Īo la Iglesia Cat√≥lica public√≥ un listado de sacerdotes sentenciados por delitos de abusos sexuales a menores en Chile, mientras que el √ļltimo catastro de la fiscal√≠a cifr√≥ en 178 las v√≠ctimas, 167 los imputados y 119 las causas de esta naturaleza.

Finalmente, por primera vez en la historia, el Te Deum ecum√©nico de Fiestas Patrias no fue transmitido por ning√ļn canal de se√Īal abierta. El cardenal Francisco Javier Err√°zuriz ‚Äďquien enfrenta una querella por “falso testimonio”‚Äď fue apartado del c√≠rculo cercano de asesores del Papa, y el sacerdote John O‚ÄôReilly fue expulsado del pa√≠s tras cumplir su condena por abuso sexual contra una estudiante del colegio Cumbres.

Con todos estos precedentes, en septiembre el Arzobispado de Santiago decidió publicar un manual para sacerdotes destinado a prevenir abusos sexuales a menores. Sin embargo, les salió el tiro por la culata y debieron retirarlo y disculparse tras una lluvia de duros cuestionamientos en redes sociales.

La imagen de la Iglesia est√° marcadamente dividida entre los fieles y la poblaci√≥n. Representantes de los primeros expresaron su apoyo incondicional a los acusados aunque la Justicia los declare culpables, mientras que el porcentaje de cat√≥licos en Chile baj√≥ al 55% seg√ļn la √ļltima encuesta CEP.

Sombreros negros

Banco de Chile, Santander, Consorcio, Estado, y otras instituciones financieras fueron azoadas este a√Īo por una serie de ciberataques y filtraciones que pusieron la seguridad digital en el ojo p√ļblico. Fueron “hackers de sombrero negro” (es decir, con intenciones delictivas) los que protagonizaron estos episodios.

El caso más icónico ocurrió en mayo, cuando los sistemas del Banco de Chile fueron intervenidos por terceros que lograron infiltrar un virus derribando sus sistemas en gran parte de sus sucursales, dejando incluso algunas pantallas en negro y obligando a desconectar buena parte de las 9.000 estaciones de trabajo de la entidad. Todo esto, sin embargo, era una distracción usada por los cibercriminales para robar varios millones de dólares.

Contexto | Agencia UNO
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Cuatro de las transacciones alcanzaron a ser concretadas, logrando con ello llevarse unos US$10 millones desde las arcas del banco hacia una cuenta en China, donde se logró detener a un sospechoso.

M√°s adelante se descubri√≥ que los hackers ingresaron a los sistemas a trav√©s de un computador en Valdivia, con un modus operandi frecuente para este tipo de ataques que, sospechan, podr√≠an estar enmarcados en una campa√Īa mayor de un grupo de origen norcoreano.

Terminando el a√Īo, Banco de Chile recuper√≥ el dinero sustra√≠do luego de que la aseguradora canadiense Southbridge cubriera el siniestro y asumiera las futuras acciones legales de la entidad bancaria contra los culpables.

Un episodio similar sufrió en noviembre el Banco Consorcio, por un monto ligeramente menor: 2 millones de dólares.

Archivo
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Sin embargo, la agenda p√ļblica estuvo marcada por otro tipo de amenaza: las filtraciones de datos personales de clientes y trabajadores de los bancos.

El grueso de las filtraciones vino de parte de un presunto grupo llamado los Shadow Brokers, quienes filtraron información bancaria de miles de clientes de 12 bancos del país. Usuarios de entidades de otros lugares de Latinoamérica también se vieron afectados, en menor medida.

Comenzaron con 14.000, a la que sigui√≥ una segunda tanda de 50.000, luego una lista m√°s peque√Īa de s√≥lo 1.000.

Fue sólo en septiembre que Correos de Chile admitió que buena parte de estas filtraciones pudo haber ocurrido desde uno de los servicios vinculados a su Casilla Miami.

Contexto | Agencia UNO
Contexto | Agencia UNO

Luego se diversificaron, exponiendo un listado de trabajadores y exempleados de Banco Santander, BBVA y Falabella.

Pese a que los bancos fueron los principales afectados, no fueron los √ļnicos. Luego aseguraron haber eliminado a 500 personas de Dicom, lo que fue ampliamente desmentido, se atribuyeron un supuesto ciberespionaje denunciado por el Poder Judicial, amenazaron veladamente el Sistema Interconectado Central, y filtraron correos de funcionarios Senado y la C√°mara de Diputados.

Pero este no fue el √ļnico flanco desde el que los bancos fueron atacados, ya que un segundo ciberdelincuente autodenominado “La Balsa Pirata” filtr√≥ los datos de 80.000 clientes de BancoEstado, seguida de una segunda tanda de 170.000 usuarios del mismo banco. Su campa√Īa no dur√≥ mucho, ya que menos de dos d√≠as despu√©s el presunto ciberdelincuente fue detenido.

Las filtraciones se detuvieron luego de la liberaci√≥n de un chileno en Italia vinculado con los Shadow Brokers, pero dichos episodios y ataques dejaron en evidencia los problemas de la ciberseguridad en Chile, por lo que el Gobierno impuls√≥ una serie de iniciativas para regular los sistemas p√ļblicos como los privados. Mientras tanto, la PDI sigue investigando para dar con el paradero de los responsables.

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