El 2018 fue muy agitado para las instituciones, con crisis arrastradas desde años anteriores pero que se vieron agravadas con nuevos escándalos que han costado caro a algunas de las más tradicionales e importantes del país.
Las más golpeadas vieron fuertes caídas en su aprobación, además de mediáticas renuncias y remociones en medio de las búsquedas de responsabilidades, marcando los puntos más complejos de un año ya complejo.
Desorden y patria
Arrastrando todavía las aristas del Pacogate y la Operación Huracán, que afectaron la imagen de la institución en materia administrativa y de Inteligencia, respectivamente, en noviembre Carabineros entró en una grave crisis que convirtió a Hermes Soto en el general director más breve de su historia, y en el primero en ser removido de su cargo desde el retorno a la democracia.
Tras el inicio de la investigación del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca en La Araucanía, la policía uniformada cayó a su punto más bajo de aprobación desde que este ítem fue medido por primera vez en 2015.
Cada nuevo vuelco en el caso significó una nueva sacudida para su Alto Mando y para la credibilidad de la institución.
La crisis inició con la muerte del comunero el 14 de noviembre, en medio de un operativo del “Comando Jungla” en Temucuicui. La versión inicial de Carabineros apuntaba a un enfrentamiento entre comuneros y el GOPE tras el robo de tres vehículos a un grupo de docentes de un colegio local, en que supuestamente Catrillanca había participado. Dicha tesis se fue derrumbando conforme fue dándose a conocer evidencia que la contradecía directamente, y que sustentaban el testimonio del menor que estaba junto al comunero en el tractor en el momento de su muerte.
La mentira que más marcó el caso y levantó las sospechas de encubrimiento tuvo que ver con las cámaras GoPro con que están equipados los uniformes de los efectivos, quienes aseguraron que no las portaban durante el operativo. Sin embargo, otro registro dejó en evidencia que parte de ellos sí las llevaban consigo, tras lo cual la versión cambió: la tarjeta de memoria habría sido destruida por contener material íntimo.
Más adelante, surgió una nueva versión que hizo reflotar las dudas una vez más, cuando el abogado de uno de los imputados aseguró que la tarjeta de memoria nunca fue destruida realmente.
Pero no fueron esos los únicos vuelcos en la investigación.
El 2 de diciembre rondó por redes sociales un video protagonizado por Carlos Alarcón, acusado de ser quien disparó a Catrillanca, en que aseguraba que les hicieron mentir, poniendo en la mira a sus superiores.
Uno de los mayores clímax de la crisis ocurrió entre el miércoles 19 y el viernes 21 de diciembre, comenzando con la publicación de 4 videos. Uno de ellos era de la cámara particular de uno de los efectivos que participaron del operativo, dos de los vehículos del GOPE que filmaron -entre otras cosas- la detención del menor, y una de otro funcionario que registró el momento en que sus compañeros sacaban a un agonizante Catrillanca de su tractor. Dos días después, tras cuestionamientos del Gobierno y la oposición, Soto era destituido.
Además de él, varios uniformados han debido salir de la institución por motivos vinculados a este caso.
Primero fueron dados de baja los 4 carabineros del equipo GOPE que llegaron inicialmente al lugar por mentir en cuanto a las cámaras. Junto con ellos, presentaron su renuncia el general Mauro Victoriano, jefe de Orden y Seguridad de La Araucanía, e Iván Contreras, prefecto de las Fuerzas Especiales de la misma región.
El siguiente en caer fue el hasta entonces intendente de La Araucanía, Luis Mayol, quien debió renunciar cediendo a las presiones de la oposición, desde donde se amenazaba con una acusación constitucional por su su manejo político del caso, principalmente luego de sus primeras declaraciones en las que sindicó como responsable de un robo al comunero mapuche abatido.
Luego fue destituido también el cabo que grabó el mensaje de Carlos Alarcón desde su prisión preventiva. A esto se sumó la salida del hasta entonces jefe nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, Cristian Franzani, y el mayor Manuel Valdivieso, jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) en la región de La Araucanía.
Junto a este último se despidió también a Cristián Inostroza Quiñiñir, el abogado que preparó la primera declaración de los exfuncionarios del GOPE.
Finalmente, el Gobierno le pidió la renuncia a Hermes Soto, quien se negó a presentarla, forzando al Ejecutivo a destituirlo. Al momento de ser removido, el ahora exgeneral director tramitó la salida de otros 10 miembros del Alto Mando.
Más tarde, el nuevo general director, Mario Rozas, llamó a retiro a otros 5 funcionarios al conformar su nuevo Alto Mando. Con esto, la cifra de generales llamados a retiro durante 2018 ascendió a 52.
Adicionalmente, un sargento fue también dado de baja por mofarse de la muerte de Catrillanca en redes sociales.
Tras el retiro de Hermes Soto, el caso se complejizó aún más luego de que uno de los exuniformados le vinculara con el abogado acusado de redactar la versión inicial de los hechos, y se incluyó al conductor del vehículo en que llegaron al operativo entre los formalizados.
Fuera del caso Catrillanca, la institución recibió una nueva sacudida en los días previos a Navidad por la divulgación de un video en que se registró a tres oficiales deteniendo violentamente a un hombre en Buin. Los tres fueron dados de baja por la institución y quedaron con arresto domiciliario nocturno.
Otra rama de las Fuerzas Armadas que también fue golpeada, pero en menor medida, fue el Ejército de Chile. Este año, el caso Milicogate dio paso a una nueva arista que pasó a conocerse como el caso Pasajes o “turismo militar”, lo que inició con el procesamiento del oficial Sergio Vásquez Undurraga por viajes a Florida, Punta Cana y España con fondos públicos. La investigación terminó por derrumbar al segundo al mando de la institución, John Griffiths.
A esto se suma la revelación en noviembre de que el comandante en jefe, Ricardo Martínez, sabe de oficiales del Ejército que vendieron armas a narcotraficantes tras darlas por perdidas.
Crisis de fe
Los casos de pederastía en la Iglesia Católica no son nuevos, pero este año este tema vio varios avances que comenzaron con la visita en enero del papa Francisco al país. Su paso estuvo marcado por las críticas a la figura del ahora exobispo de Osorno, Juan Barros, acusado de encubrir los abusos de Fernando Karadima.
El punto de inflexión lo marcó una pregunta de Radio Bío Bío al Papa sobre las acusaciones contra Barros, en la que dijo que todo era calumnia y que necesitaba pruebas.
Las críticas fueron tales que el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, efectuó dos visitas al país en una misión papal para investigar los casos de pederastía y las acusaciones de encubrimiento que apuntan a las autoridades eclesiásticas chilenas.
Uno de los momentos que marcaron el año llegó en mayo, cuando todos los obispos de Chile dejaron sus cargos a disposición el Papa tras una serie de reuniones en el Vaticano.
En tanto, uno de los episodios más oscuros para el clero fue el de “La Cofradía”, la investigación de una red de abusos sexuales y de poder que provocó la suspensión de 14 religiosos de Rancagua y las renuncias de dos sacerdotes. Algunos de los imputados, incluyendo al supuesto líder de la red, fueron sobreseídos por la Justicia.
En medio de todo este escenario, a partir de junio el Papa comenzó a sacar a algunos obispos de sus cargos comenzando por el obispo Barros y sus pares de Valparaíso y Puerto Montt (aunque estos dos últimos por motivos de salud). Más tarde, se sumaron las salidas de los prelados de Rancagua y Talca, de Chillán y San Felipe, y de La Serena e Iquique.
De esta forma, son 9 los prelados que dejaron sus cargos por mano del Papa, mientras que el ahora exarzobispo de Antofagasta, Pablo Lizama Riquelme, se acogió a retiro. Otras salidas icónicas del clero incluyen a Fernando Karadima, y Cristian Pretch, quienes fueron expulsados por Francisco de la Iglesia.
En este escenario, hay voces que exigen también la salida del cardenal Ricardo Ezzati, quien es investigado como imputado por encubrimiento. De hecho, hay quienes sugieren que el actual arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, podría sucederle.
Los abusos en el clero son indagados por el Ministerio Público, siendo uno de los momentos clave de este proceso los allanamientos simultáneos en instalaciones de la Iglesia Católica en Concepción, Osorno, Chillán y Valparaíso, los que se sumaron a los anteriores operativos en la Conferencia Episcopal en el centro de Santiago y la sede de los Hermanos Maristas.
Hablando con datos duros, durante el año la Iglesia Católica publicó un listado de sacerdotes sentenciados por delitos de abusos sexuales a menores en Chile, mientras que el último catastro de la fiscalía cifró en 178 las víctimas, 167 los imputados y 119 las causas de esta naturaleza.
Finalmente, por primera vez en la historia, el Te Deum ecuménico de Fiestas Patrias no fue transmitido por ningún canal de señal abierta. El cardenal Francisco Javier Errázuriz –quien enfrenta una querella por “falso testimonio”– fue apartado del círculo cercano de asesores del Papa, y el sacerdote John O’Reilly fue expulsado del país tras cumplir su condena por abuso sexual contra una estudiante del colegio Cumbres.
Con todos estos precedentes, en septiembre el Arzobispado de Santiago decidió publicar un manual para sacerdotes destinado a prevenir abusos sexuales a menores. Sin embargo, les salió el tiro por la culata y debieron retirarlo y disculparse tras una lluvia de duros cuestionamientos en redes sociales.
La imagen de la Iglesia está marcadamente dividida entre los fieles y la población. Representantes de los primeros expresaron su apoyo incondicional a los acusados aunque la Justicia los declare culpables, mientras que el porcentaje de católicos en Chile bajó al 55% según la última encuesta CEP.
Sombreros negros
Banco de Chile, Santander, Consorcio, Estado, y otras instituciones financieras fueron azoadas este año por una serie de ciberataques y filtraciones que pusieron la seguridad digital en el ojo público. Fueron “hackers de sombrero negro” (es decir, con intenciones delictivas) los que protagonizaron estos episodios.
El caso más icónico ocurrió en mayo, cuando los sistemas del Banco de Chile fueron intervenidos por terceros que lograron infiltrar un virus derribando sus sistemas en gran parte de sus sucursales, dejando incluso algunas pantallas en negro y obligando a desconectar buena parte de las 9.000 estaciones de trabajo de la entidad. Todo esto, sin embargo, era una distracción usada por los cibercriminales para robar varios millones de dólares.
Cuatro de las transacciones alcanzaron a ser concretadas, logrando con ello llevarse unos US$10 millones desde las arcas del banco hacia una cuenta en China, donde se logró detener a un sospechoso.
Más adelante se descubrió que los hackers ingresaron a los sistemas a través de un computador en Valdivia, con un modus operandi frecuente para este tipo de ataques que, sospechan, podrían estar enmarcados en una campaña mayor de un grupo de origen norcoreano.
Terminando el año, Banco de Chile recuperó el dinero sustraído luego de que la aseguradora canadiense Southbridge cubriera el siniestro y asumiera las futuras acciones legales de la entidad bancaria contra los culpables.
Un episodio similar sufrió en noviembre el Banco Consorcio, por un monto ligeramente menor: 2 millones de dólares.
Sin embargo, la agenda pública estuvo marcada por otro tipo de amenaza: las filtraciones de datos personales de clientes y trabajadores de los bancos.
El grueso de las filtraciones vino de parte de un presunto grupo llamado los Shadow Brokers, quienes filtraron información bancaria de miles de clientes de 12 bancos del país. Usuarios de entidades de otros lugares de Latinoamérica también se vieron afectados, en menor medida.
Comenzaron con 14.000, a la que siguió una segunda tanda de 50.000, luego una lista más pequeña de sólo 1.000.
Fue sólo en septiembre que Correos de Chile admitió que buena parte de estas filtraciones pudo haber ocurrido desde uno de los servicios vinculados a su Casilla Miami.
Luego se diversificaron, exponiendo un listado de trabajadores y exempleados de Banco Santander, BBVA y Falabella.
Pese a que los bancos fueron los principales afectados, no fueron los únicos. Luego aseguraron haber eliminado a 500 personas de Dicom, lo que fue ampliamente desmentido, se atribuyeron un supuesto ciberespionaje denunciado por el Poder Judicial, amenazaron veladamente el Sistema Interconectado Central, y filtraron correos de funcionarios Senado y la Cámara de Diputados.
Pero este no fue el único flanco desde el que los bancos fueron atacados, ya que un segundo ciberdelincuente autodenominado “La Balsa Pirata” filtró los datos de 80.000 clientes de BancoEstado, seguida de una segunda tanda de 170.000 usuarios del mismo banco. Su campaña no duró mucho, ya que menos de dos días después el presunto ciberdelincuente fue detenido.
Las filtraciones se detuvieron luego de la liberación de un chileno en Italia vinculado con los Shadow Brokers, pero dichos episodios y ataques dejaron en evidencia los problemas de la ciberseguridad en Chile, por lo que el Gobierno impulsó una serie de iniciativas para regular los sistemas públicos como los privados. Mientras tanto, la PDI sigue investigando para dar con el paradero de los responsables.
