Las acciones ante la Fiscalía de la subcontralora Dorothy Pérez nuevamente podrían determinar que el contralor Jorge Bermúdez cometió ilegalidades al permitir la violación de los correos de ocho funcionarios.
El Ministerio Público deberá investigar prevaricación administrativa, que afectaría directamente a la autoridad, revelación de secreto agravado y apertura ilegal, registro y difusión de correspondencia.
Lo anterior tras el sumario abierto por Bermúdez y que realizó el jefe de auditoría de la Contraloría General de la República, Eduardo Díaz, quien ordenó abrir los correos de ocho funcionarios, entre ellos, el de Pérez, Patricia Arriagada y Sonia Doren.
El 30 de octubre pasado, el jefe de informática de la Contraloría, Luis Lara, se negó a entregar las claves al auditor, dejando constancia que era irregular; sin embargo, por orden del contralor, tuvo que deponer su decisión.
El 26 de noviembre, cerca de las 15:00 horas, Pérez por escrito le hizo ver a Bermúdez que se había cometido una ilegalidad.
Dos horas más tarde, a eso de las 17:00 hrs, el contralor despidió al jefe de informática; al segundo a cargo de la unidad, César Guerrero, que se encontraba con licencia médica; y al jefe de ingenieros y sistemas, Ronald Pérez.
Según indicó Bermúdez a la revista Sábado, las desvinculaciones se debieron a problemas detectados en los sistemas, asegurando que no tuvo nada que ver con el episodio de los correos.
Según las fuentes consultadas por Radio Bío Bío, al momento del despido del jefe de informática, nadie en la Contraloría conocía un informe y a la empresa contratada para evaluar los ciberataques.
Desde el organismo fiscalizador se dijo que lo anterior es falso y se informó que hubo un preinforme de la auditoría informática, que concluyó que la División de Tecnologías de la Información (DTI) no cumplía con los estándares de seguridad que requería una institución como la Contraloría.
Se precisó que ante los resultados del preinforme de auditoría, los tres reconocieron su mal desempeño y renunciaron voluntariamente. Incluso se destacó que Lara está siendo uso de su feriado legal, y aún no se cumple su despido.
Sin embargo, las mismas fuentes indicaron que desde el 26 de noviembre Lara no posee claves, ni acceso a los sistemas de la Contraloría.
Esta nueva trama se da justo cuando el fiscal Eugenio Campos se apresta a formalizar la arista por la desaparición de un sumario en la Contraloría que pudo detectar en 2010 el mega fraude en Carabineros, donde se investiga presunto encubrimiento.
“Es una investigación que está abierta, que se cierra el 4 de marzo de 2019; y durante el desarrollo de la misma tenemos que ser prudentes, toda vez que en cualquier momento pueden sumarse más personas a esta lista”, señaló.
Campos cuenta con el respaldo del Consejo de Defensa del Estado, que la semana pasada, según el consejero Daniel Martorell, se querelló contra Héctor Zúñiga, funcionario de la Dirección de Presupuesto, y Juan Munieres, exfiscalizador de la Contraloría General de la República.
“Todas las aristas que va arrojando una investigación de esta naturaleza con más de ciento cincuenta tomos, tiene que estar siempre monitoreada y valorada por el Consejo”, aseguró.
Técnicamente el escrito que presentó la subcontralora ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte el pasado 13 de diciembre no es una denuncia, sólo se pone en conocimiento del Ministerio Público los presuntos delitos cometidos en este episodio de los correos.
Este lunes el fiscal regional Xabier Armendáriz deberá resolver si estos antecedentes pasan a la Unidad de Delitos de Alta Complejidad a cargo de la fiscal Ximena Chong.
