La Fiscalía interrogó en calidad de imputado al abogado de Carabineros que acompañó las primeras declaraciones de los cuatro policías dados de baja y formalizados, por el homicidio de Camilo Catrillanca.

Se trata de Cristian Inostroza Quiñiñir, el mismo abogado que viajó junto al general inspector Cristian Franzani al retén de Pailahueque y luego a la Fiscalía de Collipulli, pocas horas después del homicidio del comunero Camilo Catrillanca, el pasado 14 de noviembre.

Fuentes de Radio Bío Bío, que conocen de la investigación, señalaron que este abogado fue el que redactó la primera declaración que entregaron los cuatro exmiembros del GOPE -o “Comando Jungla”- acusados del crimen.

El documento fue presentado ante la Fiscalía de Collipulli, cinco horas después de la muerte de Catrillanca. Posteriormente, se comprobó que dicha declaración resultó ser falsa.

Se trata de la arista que tiene a cargo el fiscal Jorge Calderara y que investiga la responsabilidad de distintos funcionarios de Carabineros en el delito de obstrucción a la investigación.

Esta línea investigativa se abrió luego que se conociera que un miembro del GOPE destruyó una tarjeta de memoria de su cámara GoPro.

Tras la diligencia, el abogado de la familia de Camilo Catrillanca, Nelson Miranda, indicó que la declaración de Cristian Inostroza, confirma la teoría de que el alto mando intentó ocultar el crimen.

“En una hoja que lleva el membrete de Carabineros de Chile, esa declaración no tiene ni fecha, ni lugar, pero está escrita y ratificada por los funcionarios, por lo tanto hasta ese momento lo más probable es que se haya estado fraguando esta gran mentira en que hemos estado involucrados todos, no sólo la familia, sino que todo el país”, fustigó.

ARCHIVO | Carlos Agurto (RBB)
ARCHIVO | Carlos Agurto (RBB)

Abogado de excarabinero entrega nueva versión

En paralelo con la declaración del abogado Inostroza, este miércoles se conoció una nueva versión de lo sucedido con la memoria de la cámara que registró el operativo.

Según el abogado Javier Jara, defensor del policía dado de baja por la supuesta destrucción de pruebas, Raúl Ávila, su representado no manipuló la tarjeta asegurando ahora que no puede confirmar que realmente exista dicho dispositivo.

Recordemos que Ávila está acusado de haber cortado y botado por el baño la tarjeta de memoria que supuestamente contenía el registro en primera persona del operativo donde murió Catrillanca.

“Lo único que puedo señalar por ahora es que no me consta que en esa tarjeta hubiera imágenes privadas y adelantar que mi cliente no manipuló la evidencia”, afirmó a La Tercera.

“No me consta que en esa tarjeta hubiera imágenes privadas y adelantar que mi cliente no manipuló la evidencia”
- Abogado Javier Jara

Esta nueva versión va en línea con lo que ha señalado el otro imputado, Carlos Alarcón, en un video grabado con un celular al interior de la comisaría donde cumple prisión preventiva, registro donde apuntó que fueron obligados a mentir y que aún faltan antecedentes que deben salir a la luz.

Pero por otra parte, deja en entredicho la versión entregada por el general director Hermes Soto en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, instancia en la cual apuntó que el argumento expuesto por Ávila para destruir la tarjeta micro SD que utilizó en el procedimiento, se debía a que contendría imágenes personales y privadas con su pareja.

“Se le consulta al funcionario dónde está la tarjeta de esa cámara y él señala en ese momento que la destruyó y no la tiene porque -según lo que él manifiesta a su mando superior en ese momento-, había ahí imágenes que lo comprometían en lo personal y familiar y por eso lo destruyó“, añadió -en su momento- Soto ante la comisión.

Archivo | Agencia UNO
Archivo | Agencia UNO

Mientras, el fiscal que lleva el caso, Jorge Calderara, resolvió decretar secreto en ciertas piezas de la indagatoria por el homicidio de Catrillanca.

La decisión se tomó después de las diligencias desplegadas por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, tras la declaración de Carlos Alarcón.

El fiscal hará uso de los 40 días que la ley le faculta para mantener el secreto en piezas de la carpeta. Esta situación no significa que los periodistas no puedan informar en la causa, sino que los imputados e intervinientes no tendrán acceso a determinadas actuaciones, registros o documentos.