La justicia otorgó libertad condicional a Ramón Cáceres, oficial en retiro de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), condenado por torturas en contra del general -también de la FACh- Alberto Bachelet, padre de la expresidenta.
La Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo dividido, concedió el beneficio a Cáceres quien cumple una pena de 4 años por torturas realizadas desde septiembre de 1973 a marzo de 1974 en la Academia de Guerra, en contra del padre de la exmandataria, según detalla La Tercera.
El tribunal de alzada capitalino acogió el amparo presentado por la defensa de Cáceres, apuntando a su buena conducta al interior del recinto donde permanece detenido y al cumplimiento de más de la mitad de su condena, que inició el 21 de octubre de 2016 según detalla el rotativo.
Cáceres no demuestra arrepentimiento
La decisión de la corte se contrapone a lo que había determinado la Comisión de Libertad Condicional, instancia en la que se había negado el beneficio a Cáceres tras el análisis de una entrevista psicológica en la cual el condenado no mostraba arrepentimiento por los crímenes cometidos.
“(…) en relación a la disposición al cambio, (Cáceres) se aprecia contemplativo, ya que tiende a minimizar y justificar su actuación, no siendo capaz de establecer una auténtica necesidad de realizar cambios en sí mismo respecto a los ilícitos cometidos”, detalla el informe psicológico, considerado por la comisión y citado por el matutino.
La Corte de Apelaciones no dio mayor importancia a la existencia de este documento, señalando que la decisión de la libertad condicional se otorga según las evaluaciones que hace el personal de Gendarmería cada 2 meses y no por informes psicológicos.
“(…) no resulta aceptable que posteriormente, del resultado de una entrevista al interno llevada a cabo por un psicólogo y otros profesionales, se pueda llegar a concluir que por aspectos relativos a su fuero interno y no a su conducta, ésta no pueda calificarse como intachable”, detalla el fallo.
La decisión del tribunal llega en medio del proyecto de ley impulsado desde el Parlamento, que busca endurecer los requisitos para optar a las libertades condicionales, apuntando a que en el caso de los crímenes de lesa humanidad -como el cometido por Cáceres- sea necesario el arrepentimiento expreso del mal causado por parte del condenado, para poder optar a beneficios.
En caso de que los querellantes en el caso del general Bachelet decidan apelar al fallo del tribunal de alzada, será la Corte Suprema quien determinará si el condenado podrá o no, finalmente acceder al beneficio.
