Distintas penas que en total suman 69 años de cárcel efectiva deberán cumplir los miembros de la mayor red internacional de tráfico de migrantes a nuestro país, la cual exponía a las personas a condiciones extremas: pasos por campos minados y elevadas temperaturas.
Luego de dos meses de juicio oral por la denominada Operación Desierto, en el que la Fiscalía logró acreditar los delitos tras presentar una serie de pruebas y desgarradores testimonios de 89 víctimas, se dictaron las sentencias de los acusados, todos ciudadanos peruanos.
“Logramos acreditar que acá se puso en riesgo la vida de las víctimas migrantes, ya que se les expuso a zonas de campos minados, donde uno de ellos fue víctima de una explosión de mina antipersonal sufriendo la amputación de su pierna, así como también se expuso a hicieran ingresar por Colchane, donde se vieron expuestas a temperaturas extremas y factores como la altura, entre otros“, manifestó el fiscal Daniel Valenzuela.
Mediante este proceso judicial, Reyna Huaringa Maquera fue condenada a una pena de 5 años y un día por el delito de asociación ilícita para el tráfico de migrantes y a otra de 10 años por tráfico de migrantes reiterado.
En tanto, Yemeyel Morales Álvarez recibió sentencias de 10 años y 12 años de presidio, respectivamente; Kharlo Zárate Sunción fue condenado a 6 años y 11 años; y Kliver Zárate Sunción a penas de 5 años y un día y 10 años.
En esta investigación, trabajada junto al OS9 de Carabineros, también se detuvo en Perú a la líder de la agrupación, Soledad Maquera Clavetía, y al segundo al mando, Juan Castillo Vilca, quienes fueron extraditados desde su país en abril, y cuyo juicio oral en su contra finaliza este lunes próximo.
¿Cómo operaban?
De acuerdo a la investigación, el grupo captaba a ciudadanos dominicanos en su país de origen, ofreciendo bajo engaño trasladarlos hasta Chile, con la promesa de entregarles visas de trabajo por un pago de entre 700 y 3 mil dólares.
Tras ello, eran trasladadas por vía aérea hasta Colombia o Ecuador, para seguir su camino por vía terrestre, ya fuera en buses, camionetas o automóviles, hacia Perú.
En este último país la red tenía habilitadas casas de acopio de personas en Sullana, junto a la frontera con Ecuador, y en Tacna.
La indagatoria estableció que ya en la ciudad fronteriza la organización ocupaba dos rutas para ingresar ilegalmente a extranjeros a Chile.
La primera, trasladaban a las personas hasta el paso de Desagüadero (que une a Perú con Bolivia) y desde ahí ingresaban por la localidad de Colchane, en la región de Tarapacá.
El otro camino era desde Tacna a Arica, desplazándose a pie por zonas de campos minados.
El 28 de octubre del 2016, la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota junto al OS9 de Carabineros desarticularon esta red responsable del ingreso ilegal a Chile de más de 200 extranjeros desde el año 2014.
La indagatoria concluyó con una inédita diligencia internacional que involucró allanamientos simultáneos en tres ciudades del Perú y en Arica, ocasión en que se detuvo en el vecino país a 4 miembros de la organización.
INDH fue querellante
En este caso, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) actuó como querellante por tráfico ilícito de migrantes y por asociación ilícita para estos fines.
En paralelo, el tribunal acogió la demanda civil interpuesta por el Servicio Jesuita al Migrante y por la Corporación Humanas, en representación de algunas de las víctimas, señalando que el daño moral que se produjo deberá ser indemnizado pagándole $4 millones a cada una.
