El jueves 14 de septiembre de 2017, la entonces presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres causales.
Aquel día se informó también que el Ministerio de Salud tendría 90 días para elaborar el reglamento de la normativa, que incluiría el marco reglamentario para la polémica objeción de conciencia, que ya había sido ampliada a su versión institucional por el Tribunal Constitucional (TC).
Tras mucha agua bajo el puente, a más de un año de esos hechos, este lunes diputados de Chile Vamos presentaron un requerimiento en el TC para impugnar la última versión del protocolo de objeción de conciencia de la ley de aborto en tres causales.
Con las firmas de 66 diputados de la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, se impugnó el inciso segundo del artículo 13 del protocolo, que establece que las instituciones privadas que reciben fondos públicos no pueden objetar.
El documento de 35 páginas sostiene que el reglamento del Ejecutivo, aprobado por la Contraloría, “establece de forma arbitraria una suerte de igualdad entre el ámbito de lo estatal con el ámbito de lo público”.
Los diputados oficialistas Leopoldo Pérez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Javier Macaya (UDI) fueron los representantes del conglomerado oficialista, para detallar las intenciones del requerimiento.
El diputado de la UDI que integra la comisión de Salud de la Cámara, Javier Macaya, insistió en que el protocolo vulnera la autonomía de los centros de salud privados.
“No se trata de un aspecto puramente valórico sobre el aborto. Esto se trata sobre una cuestión que es mucho más importante, que tiene que ver con la sociedad civil como prestadora de servicios públicos. No por el hecho de estar recibiendo recursos del Estado, el Estado le puede imponer requisitos que sean contrarios a la Constitución”, dijo.
Leopoldo Pérez, por su parte, añadió que el aborto es sólo una parte de las prestaciones gineco-obstetras y que retirar los recursos pertenecientes a este convenio perjudica a las mujeres que necesitan otro tipo de atenciones.
“Lo que nosotros queremos es que el día de mañana el Estado, por el hecho de financiar un cuerpo intermedio no sienta que puede determinar la autonomía de esa institución. Y es la vulneración de ese derecho tras lo cual nosotros estamos, por el contrario, cuando hay una ley promulgada debe cumplirse y en ese sentido nosotros somos claros”, aseguró.
Desde el Gobierno, el ministro de Salud, Emilio Santelices, señaló que el requerimiento en contra del reglamento elaborado por la cartera, es parte de las facultades de los legisladores.
“Los parlamentarios están en su derecho de poder hacer las observaciones en el ámbito jurídico que le parezcan pertinentes y las instituciones de acogerlos. Lo que le corresponde al ministerio de Salud es, que en el marco de la leyes hoy día vigentes, se cumplan estas leyes y se de garantías a la población”, señaló.
Rechazo
El presidente de la comisión de Salud, el diputado socialista Juan Luis Castro, aseguró que el Gobierno es cómplice de esta acción, que a su juicio sólo obstruye la aplicación de la ley de aborto en tres causales.
“Francamente un atentado a la dignidad de las mujeres en Chile, sólo con un propósito obstruccionista y que lamentablemente lo hace con la complacencia del Gobierno. Esto perjudica a miles de mujeres en Chile que sólo esperan hacer uso de un derecho ganado por ley”, lamentó.
Lo anterior no es sorpresa. Cabe recordar que Sebastián Piñera aún siendo candidato presidencial cuando se promulgó la Ley de Aborto en tres causales, anunció que junto a su equipo de expertos analizarían “muchas” modificaciones” a la ley.
La presidenta de la Comisión de Género y Salud del Colegio Médico, Francisca Crispi, dijo esperar que el TC rechace la solicitud de los parlamentarios oficialistas.
“Esperamos que en esta oportunidad el Tribunal Constitucional le de la razón y el derecho a las mujeres de poder acceder a las prestaciones. No es posible que instituciones que sustituyen al Estado en su función sean objetoras de conciencia, sino la ley finalmente va a terminar siendo letra muerta”.
Otras críticas aluden al hecho de que el TC funcione como una tercera cámara, modificando constantemente lo resuelto por el Poder Legislativo. Cuestionamientos a lo que se sumó el senador y miembro de la Comisión de Salud, Rabindranath Quinteros, quien calificó como “impresentable” la moción llevada a cabo por Chile Vamos y acusó que el TC es un organismo politizado.
Misma idea ya fue manifestada por la diputada del PC Karol Cariola: “Es muy probable que (el TC) busque insistir y lo acabamos de discutir también. Nosotros estamos dispuestos a hacer el punto, a dar el debate y lo vamos a dar cuantas veces sea necesario, porque lo que no podemos permitir es que el Tribunal Constitucional siga insistiendo en atribuirse un rol que no le corresponde respecto de ser una tercera cámara”.
De acogerse el requerimiento de los diputados de Chile Vamos, los alegatos se realizarían a la par con los senadores de Chile Vamos, quienes también presentaron un recurso ante el Tribunal constitucional el pasado 31 de octubre.
