La Cámara de Diputados aprobó este lunes la ley que agiliza el trámite de expulsión de alumnos que participen en actos violentos en centros educativos, en medio del fuerte rechazo de los gremios estudiantiles que consideran la norma un guiño a la represión.
El proyecto sobre convivencia escolar, denominado “Aula Segura”, surgió como respuesta a hechos puntuales de violencia que tuvieron su punto más alto en octubre cuando un grupo de jóvenes se enfrentó a Carabineros, tras lanzar bombas incendiarias al interior del Instituto Nacional, uno de los liceos más emblemáticos de Santiago.
La norma que “fortalece las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos de violencia”, fue sancionada por la Cámara de Diputados con 107 votos a favor, 26 en contra y 13 abstenciones.
El documento ya había sido aprobado por el Senado y ahora pasa a la Presidencia para su promulgación.
En un Congreso sin mayorías absolutas, parte de la oposición votó con la centroderecha oficialista para aprobar la norma que sufrió modificaciones en el texto ingresado por el Poder Ejecutivo. Con los cambios, las expulsiones por vía rápida se limitan a casos que impliquen porte de armas, agresiones sexuales, lesiones o daños a los centros educativos.
La ministra de Educación, Marcela Cubillos, consideró que la iniciativa “da a los directores las herramientas para proteger” a los alumnos.
En la vereda opuesta, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) consideró que el gobierno de Piñera instaló una “campaña del terror”, y llamó a “desobedecer” la normativa y a movilizarse en rechazo a la misma.
Aula Segura
La iniciativa del Ejecutivo, busca fortalecer las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en determinados casos de violencia, según detalla el sitio web de la Cámara de Diputados.
Al mismo tiempo, pretende salvaguardar el debido proceso para el estudiante en caso de ser expulsado, previo a lo cual el director del establecimiento deberá iniciar procesos sancionatorios que acrediten el registro de conductas graves o gravísimas, según los reglamentos internos.
De acuerdo a lo establecido en los fundamentos del texto, estas conductas pueden ir desde las agresiones o abusos entre miembros de la comunidad escolar hasta hechos de violencia extrema, como el porte de armas o la tenencia y uso de bombas molotov.
El director también tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar, mientras dure este proceso sancionatorio, que puede derivar en la citada expulsión o bien la cancelación de la matrícula, para lo cual debe cumplirse un periodo de 10 días de investigación, fijándose además cinco días posteriores para la apelación del estudiante sancionado.
Además, se incluye un programa de acompañamiento con recursos que deberá patrocinar el Ejecutivo, tanto para los jóvenes como para los establecimientos que enfrenten estas situaciones.
Por último, se establece que los establecimientos educacionales regidos por las normas sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, deben actualizar sus reglamentos internos para adecuarlos a los preceptos de esta ley en un plazo de noventa días, a partir de su publicación.
