El abogado Francisco Zambrano solicitó el pasado 7 de octubre, usando la Ley de Transparencia, una copia de todas las infografías que la Contraloría publica en sus redes sociales, mediante las cuales explica -usando la presencia de su mascota “contralorito”– hechos de relevancia pública para acercar al organismo fiscalizador a la gente.
Sin embargo, a los pocos días, Zambrano recibió una respuesta negativa. En ella, la entidad adujo que la Unidad de Redes Sociales no contaba con un “repositorio público” de dichas gráficas institucionales y que para acceder a ellas bastaba ingresar a la web y acceder a los links alojados allí.
Zambrano, profesor de la Universidad de Santiago en la cátedra de Derecho Administrativo buscaba usar las infografías en sus clases, pero al no obtenerlas decidió dar la pelea.
Por ello el pasado 9 de noviembre ingresó en la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de reclamación en contra del órgano revisor, dirigido por Jorge Bermúdez.
En el documento que publica Radio Bío Bío, Zambrano asegura que dichas imágenes deben ser accesibles a todas las personas o estar en un repositorio público y no solo a quienes tengan cuentas en Facebook, Twitter o Instagram. En otras palabras, señala el profesional, al carecer de esta inscripción, resulta imposible obtenerlas, por lo que el Estado no está cumpliendo su rol.
“En todas las redes sociales de la Contraloría General de la República se exige un ingreso, una autenticación, que importa entregar datos personales a terceros para acceder a información pública”, se lee en escrito.
Principio de probidad
El recurso plantea un tema que podría llegar a ser complejo y convertirse en un caso de estudio si es que el tribunal de alzada lo admite a tramitación. ¿Deben ser guardadas las imágenes que una institución publicita a través de las redes sociales? ¿Son estas un bien público? ¿Dónde se podrían guardar las imágenes?
Según Zambrano, “no es creíble que la información no se encuentre almacenada en un lugar, pues, tratándose de información electrónica, debe encontrarse almacenada en servidores electrónicos públicos”, insistió.
Destacando la labor de difusión de la Contraloría, Zambrano de todas formas fue más allá en su escrito: “La información pública debe ser cautelada por órganos públicos y su recopilación es un deber pues la cautela sobre los bienes públicos integra el principio de probidad”.
Las infografías donde “contralorito” aparece explicando los alcances de algunas resoluciones administrativas, han sido criticadas desde la UDI, la academia, como también por usuarios de las redes sociales, aduciendo una supuesta falta de formalidad. Pese a esos comentarios, las cuentas del organismo en Internet han seguido creciendo y su divulgación es cada vez mayor.
La Corte de Santiago debiera resolver la presentación de Zambrano la próxima semana. De ser admitida a tramitación para que se resuelva el fondo del recurso, la Contraloría tendrá que evacuar un informe al tribunal de alzada dando cuenta por qué rechazó la solicitud y por extensión explicar por qué las imágenes solicitadas no están guardadas en un repositorio público.
Si Zambrano perdiera, aún tiene la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema para ganarle el gallo a “contralorito”.
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