A partir de las 11:00 horas de este jueves, la Alameda estará cortada en una de sus dos calzadas, debido a la marcha que realizarán trabajadores y organizaciones sociales, reclamando al Gobierno falta de diálogo en proyectos claves.
Los empleados públicos se suman a esta movilización, que es a nivel nacional, pero comprometieron que ningún servicio dejará de funcionar.
Son 26 puntos a lo largo del país donde se realizarán marchas por la primera paralización activa de los trabajadores y movimientos sociales, desde Iquique hasta Puerto Natales.
En Santiago, la marcha comenzará en Plaza Baquedano y se trasladará por la Alameda hasta Plaza Los Héroes, recorrido autorizado por la Intendencia Metropolitana.
La manifestación fue convocada por la CUT, sin embargo, se sumaron Empleados Fiscales, Estudiantes, Agrupaciones de Derechos Humanos, entre otros.
¿Qué piden?
Los trabajadores reclaman alzas de salarios, mejoras en la calidad de los empleos, rechazos en contra del Estatuto Laboral Juvenil, fin de las AFP, que se frene el proyecto Aula Segura, entre otros. En general, que el Gobierno incorpore a los movimientos sociales en la discusión de sus políticas públicas.
La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, cuestionó que el Ejecutivo quiera imponer visiones y proyectos. Dijo que haber ganado en las elecciones no les da ese derecho.
Todos los gremios del sector público se sumarán, según el presidente de la ANEF, Carlos Insunza, quién recalcó que habrá turnos éticos, a pesar de que esto pueda retrasar o hacer más lenta la atención.
Insunza sostuvo que en el caso de los empleados fiscales, la mayor preocupación son los despidos y recalcó que no dejará de funcionar ninguno de los servicios a cargo de la ANEF.
La diputada comunista, Karol Cariola, coincidió en la falta de diálogo por parte del Gobierno. También apoyó la movilización y descartó que la CUT actúe en pos de un gobierno determinado.
La diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, consideró que si el Ejecutivo no escucha a los movimientos sociales, el ambiente se puede agitar, tal como pasó en 2011.
Mientras, el diputado de RN, Francisco Eguiguren, cuestionó la politización de la CUT y la acusó de frenar el diálogo.
Entre otras de las peticiones está que no se entreguen beneficios carcelarios a violadores de Derechos Humanos.
