“Furioso” y “Tronador”, los cañones de bronce construidos entre 1771 y 1772 en Lima, mudos testigos de la historia, acompañaron al presidente Sebastián Piñera en la ceremonia en que firmó el envío al Congreso de cinco proyectos de ley sobre seguridad pública.

Las iniciativas fueron recogidas a raíz de las conclusiones que entregaron el 19 de julio pasado los integrantes del Acuerdo Nacional de Seguridad, cuya mesa estuvo compuesta por personeros oficialistas, de oposición, policías y sociedad civil.

150 propuestas, de las cuales se extrajeron los 5 proyectos de ley enviados a trámite.

Modernización de Carabineros y PDI: La primera iniciativa abre la puerta a que la autoridad política de turno tenga mayor control de cómo se están desempeñando estas instituciones administrativa y operativamente.

Por esa razón, las jefaturas de ambas instituciones tendrán que presentar planes a 8 años plazo. Dichos reportes deberán detallar claramente el trabajo mensual y anual para poder asignar seguimientos. Claramente, una medida que busca evitar que los uniformados se roben 27 mil millones de pesos, tal como ocurrió con el fraude en Carabineros.

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, explicó que de este modo se podrá tener mejor y mayor control civil sobre ambas instituciones, entre otras cosas, “respecto a sus recursos y a sistemas de evaluación de gestión de acuerdo a los resultados que van obteniendo en relación a los objetivos y metas que se han planteado”.

Más transparencia: Para aplicar todo lo anterior, además se incluirá el ítem de revisiones periódicas de empresas externas a la institución.

También, a través de la página web de la institución, los ciudadanos podrán denunciar a uniformados que hayan actuado al margen de la ley o situaciones de abuso policial, lo que hasta ahora se debía hacer presencialmente en un cuartel.

Control de armas: Dicho proyecto aborda un cambio en la actual normativa, abriendo un proceso nacional de reinscripción, para así establecer el lugar en que se encuentran las 250.000 armas que actualmente aparecen como extraviadas en los registros.

Pero no sólo eso, en paralelo se modificará la institucionalidad a cargo de la fiscalización de las armas de fuego, aumentando los requisitos para poder tenerlas y, de paso, ejercer un control más efectivo a quienes las tengan.

Sistema de inteligencia del Estado: El Gobierno propone crear un consejo asesor presidencial que sistemáticamente orientará al Presidente de la República en definiciones relacionadas, que además amplía la eficiencia y coordinación para prevenir atentados terroristas o acciones de crimen organizado. Eso sí, de momento, el Ejecutivo no entregó más detalles sobre este proyecto en particular.

“Necesitamos un comunidad de inteligencia que realmente se anticipe, prevenga, evite, desbarate. En sintesis: ojalá llegar antes que las bombas exploten para que no causen daño. Y no sólo llorar sobre la leche derramada cuando ya explotaron”, remarcó el Presidente al presentar los proyectos este martes.

Rol ciudadano en la seguridad pública: Por lejos, la medida que más llamó la atención: quitar a Carabineros la facultad exclusiva de control del tránsito.

“Se dispondrá que funcionarios municipales debidamente calificados puedan apoyar a Carabineros en la gestión del tránsito y en la protección de víctimas de violencia intrafamiliar, lo que permitirá su colaboración en dicha gestión y también liberará recurso humano policial, para así contar con más carabineros en las calles protegiendo a nuestros ciudadanos”, dispone la minuta del proyecto entregada por el Ejecutivo.

Eso sí, el alcalde de Valparaíso y miembro de la mesa por el acuerdo nacional, el frenteamplista Jorge Sharp, advirtió que para aquello se necesitaran más recursos para la contratación de personal. Si bien respaldó la idea, detalló que “la Municipalidad de Valparaíso tiene sólo 15 inspectores para 300.000 habitantes”.

“Estos proyectos van en la línea correcta. Esperamos la pronta tramitación en el Congreso para que próximamente sean ley y tener finalmente más seguridad en nuestros barrios”, señaló por su parte el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri (RN).

¿Trámite legislativo con apoyo transversal?

Respecto al punto señalado por el jefe comunal de la capital, el senador Felipe Harboe (PPD) sostuvo que, si bien los 5 proyectos se pueden mejorar en el parlamento, de todas formas son un aporte.

“Es importante que las definiciones estratégicas las tome el Presidente de la República, para que no tengamos otros hechos de corrupción o inadecuados que lamentar en el futuro”, puntualizó.

En tanto, la senadora Carolina Goic (DC) coincidió en que, por ejemplo, dotar de nuevas herramientas a los municipios es una buena señal en materia de prevención.

“Los municipios se refuerzan en su rol. Y ese es un planteamiento que hicieron los alcaldes. Los respaldamos en eso. Yo creo que eso ayuda al inicio de la discusión en el parlamento”, adelantó.

En apariencia, las propuestas de seguridad pública recibieron apoyo político transversal, por lo que debería tener un trámite legislativo más ágil que otras propuestas más controvertidas como la reforma a las pensiones o las isapres.