31 personas fueron detenidas acusadas de estar vinculadas a una organización criminal, cuyo objeto era comprar armas para posteriormente venderlas a bandas delictuales.

El trámite consistía en entregar armas a un comprador formal, al que le hacían firmar un documento por la compra. Luego de ese proceso le agregaban más armas a su adquisición y las hacían pasar como ventas a coleccionistas o para fines deportivos.

Conforme los antecedentes de la investigación, denominada “Origen 035”, los líderes de esta organización criminal eran cuatro carabineros retirados de la institución y un sargento activo de la 23 Comisaría de Talagante.

Todos ellos son sindicados como los cabecillas de esta banda que vendía armas nuevas en dos millones de pesos, con documentos falsos o adulterados para que pasaran como armamento legal.

Cada vez que se descubra que un carabinero se ha transformado en delincuente lo vamos a encontrar
- Andrés Chadwick

El fiscal de Talagante, Heriberto Reyes, señaló que el funcionario que estaba en servicio activo en la institución, ya fue dado de baja.

“La cantidad de detenidos que tenemos en este procedimiento son 31 personas, cinco de los cuales, que eran los que lideraban esta organización, pertenecían en su momento a la institución de Carabineros. Había uno en servicio activo y fue dado de baja en la tarde del lunes”, dijo.

Según consignó La Segunda, hasta la Comisaría de Talagante donde trabajaba Fernando Alvial Soto llegaba gente que por $80 mil aceptaba inscribir armas a su nombre, a pesar de nunca haber contado con ellas, para después denunciarlas como extraviadas.

Luego entraría el rol del psiquiatra Alberto Martínez Amurrio, ya que para el proceso de inscripción se requiere aprobar un examen psiquiátrico.

En tanto, Alejandro Mena, jefe de la Prefectura Occidente de la PDI, detalló que las 118 armas que fueron inscritas de forma irregular estarían en manos de bandas criminales.

“Armas de alto poder de fuego. Es parte de la investigación establecer definitivamente a dónde fueron a parar esas armas. Una de ellas fue utilizada para un homicidio cometido en 2016 en Rancagua. Tenemos antecedentes concretos de que estas armas están en poder de los delincuentes”, lamentó.

Sebastián Beltrán Gaete | Agencia UNO
Sebastián Beltrán Gaete | Agencia UNO

El hecho repercutió en el Gobierno. El ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, advirtió que los funcionarios policiales que sean parte de actos ilegales, serán sancionados de forma inmediata.

“Cada vez que se descubra que un carabinero se ha transformado en delincuente lo vamos a encontrar, se van a hacer las investigaciones, se están haciendo los controles, será puesto a disposición de la Fiscalía y de la justicia de inmediato, por la propia institución de Carabineros, para que se le aplique el máximo rigor de la ley”, aseguró.

Luego de 13 horas de audiencia de formalización, el tribunal desestimó la prisión preventiva en contra de los 31 detenidos, ya que a su juicio no hay antecedentes que configuren el tráfico de armas ni la asociación ilícita, debido a que no se habrían generado papeles jerárquicos en esta organización.

Luego de que tribunal rechazara la prisión preventiva para los exuniformados, el fiscal Heriberto Reyes calificó la situación como un revés procesal y anunció que recurrirán a la Corte de Apelaciones.

Del resto de los imputados, 12 de ellos quedaron con la medida cautelar de firma semanal y arraigo nacional, mientras que otras 13 personas quedaron con arresto domiciliario total.

Un hecho de irregularidad dentro de Carabineros que se da a casi una semana de que 6 exfuncionarios de la institución policial fuesen detenidos por su presunta participación en delitos ocurridos en la zona occidente de la capital.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)