El Gobierno enviará el último trimestre de 2018 el proyecto de reforma a las Isapres, el cual ha sido blanco de críticas por su retraso.
La mañana de este sábado, el ministro de Salud, Emilio Santelices, acudió a la Facultad de Medicina de la Universidad Católica para el lanzamiento del plan para adultos mayores Vivirfrail, donde fue consultado por la demora.
Durante la semana, el secretario de Estado informó que uno de los objetivos principales del proyecto es eliminar la discriminación por tramos de edad, sexo y en prexistencias de condiciones médicas, prácticas que el Tribunal Constitucional ya ha determinado como ilegales.
En cuanto a los plazos de la aplicación de la reforma, desde el Ejecutivo explicaron a La Tercera que se podría demorar hasta 5 años el proceso de eliminación de las declaraciones de salud, plazo que fue considerado como excesivo tanto por parlamentarios oficialistas como de oposición.
Al respecto, Santelices explicó la idea es terminar con esos puntos, pero que el Presidente definirá los plazos del proceso legislativo.
El límite impuesto por el Gobierno para enviar el proyecto es noviembre, el cual incluiría un Plan Universal de Tarifa Variable, un Fondo de Compensación Interisapres y un sistema de protección financiera.
El primero funcionaría a través de la asociación de distintos prestadores que tendrán que asignar una prima a cada persona, la cual luego se distribuiría entre todos los usuarios según el riesgo, buscando promover una lógica solidaria.
Al respecto, senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Salud, afirmó que los plazos para la aplicación son demasiado amplios y que no se puede esperar más para cambiar un sistema que ya ha sido declarado por los Tribunales como ilegal.
El legislador añadió que “el ministro de salud sí tiene voluntad” para llevar a cabo las reformas, pero que hay actores dentro del Gobierno que lo impiden.
Recordemos que en septiembre, la abogada María del Pilar Juárez presentó un recurso de protección que llegó hasta el Tribunal Constitucional por el elevado cobro de las cotizaciones de salud por una condición médica preexistente.
Esta causa terminó con una fallo que determinó como ilegales la aplicación de las tablas de factores de riesgo, considerando que vulneraba los derechos de igualdad ante la ley, de propiedad y el derecho de los afiliados a elegir un sistema de salud.
A la espera de la presentación de la reforma por parte del Gobierno, la Comisión de Salud de la Cámara tomó la decisión de recurrir al Instituto Nacional de Derechos Humanos por las vulneraciones que están cometiendo las Isapres y la puesta en tabla de un proyecto de ley que busca eliminar la discriminación por preexistencias, que ya se encuentra en el Senado.
