En silencio y luciendo un traje de al menos dos tallas más grande, llegó ayer al Centro de Justicia el exsenador Jaime Orpis, para enfrentar la preparación de juicio oral por el denominado caso Corpesca, en el que se le acusa de recibir coimas durante la tramitación de la Ley de Pesca.
La situación del excongresista es la más complicada en este juicio, porque la Fiscalía pidió en su contra 12 años de cárcel por fraude al fisco, 6 años por cohecho y 3 años de presidio por ilícitos tributarios, además de multas y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La exdiputada Marta Isasi enfrenta una acusación por cohecho y delitos tributarios, lo que para el Ministerio Público amerita 7 años de presidio, inhabilitación de 10 años para ejercer cargo público y multas.
Corpesca también será juzgada. Arriesga una multa de 20.000 unidades tributarias mensuales (UTM), unos mil millones de pesos, y 5 años de prohibición temporal de celebrar actos y contratos con organismos del Estado.
El escenario se hizo más complejo aún para los acusados desde el 7 de septiembre pasado, cuando en un procedimiento abreviado, la fiscal Ximena Chong logró la condena del exgerente general de Corpesca, Francisco Mujica, por soborno y delitos tributarios. Fue el primer empresario condenado por financiar ilegalmente la política.
La defensa de Orpis pretende que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago apruebe a 52 testigos, entre los que aparecen, los senadores Jorge Pizarro, Ximena Rincón, Juan Antonio Coloma y Carlos Bianchi, los excongresistas Andrés Zaldivar, José Antonio Gómez y Hernán Larraín, y los exministros de Economía, Pablo Longueira y Hugo Lavados, el fiscal Nacional Jorge Abbott y hasta el excontralor Ramiro Mendoza.
El abogado del exparlamentario, Sergio Rodríguez, explicó que desean demostrar con estas declaraciones que Orpis fue parte de un acuerdo del oficialismo y oposición para aprobar la Ley de Pesca, y así desacreditar la acusación por cohecho.
“Estuvieron todos de acuerdo a lo que se denominó en su momento un acuerdo político, tenemos que tener presente que la Ley de Pesca requería que existiera un acuerdo con senadores de la oposición. Acuerdo al cual se llegó y se refirieron muchos senadores durante la tramitación de la ley”, dijo.
“Por ende nuestras pruebas ofrecidas o anunciadas es un grupo importante de senadores. Aquellos que tanto a favor o en contra de ese acuerdo político se manifestaron en la sala en su momento, en la tramitación de esa ley larga de pesca”, precisó.
Testigos
Al conocer que aparecía en la lista, la senadora Rincón acusó una maniobra de la defensa de Orpis, aunque se manifestó dispuesta a declarar ante la justicia.
“Se llama daño reputacional contra Ximena Rincón, porque el titular queda en la retina de quien la lee, llamar a declarar a Ximena Rincón en la Ley de Pesca me parece que es de verdad una vergüenza. Yo no fui parte de ningún acuerdo porque voté en contra y creo que es una ley deleznable”, acusó.
Desde Francia, el senador Pizarro apoyó a su excolega, a quien calificó de una “gran persona”.
“Aparte de la sorpresa, no tengo ningún problema en hacerlo. No sé que querrá exactamente que atestigüe, pero siempre he tenido la mejor opinión de él. Hemos sidos compañeros en la Cámara y en Senado durante muchos años y él siempre ha sido muy profesional, consecuente. Una gran persona”, aseguró.
La fiscal Chong llegó al tribunal con un carro con once archivadores con la prueba documental y se espera que pida el testimonio de al menos 250 personas.
A la salida de la audiencia se manifestó confiada en que sus evidencias sean acogidas por el tribunal.
“Confiamos en que la audiencia se desarrolle con normalidad, de manera bastante rápida. El juez la está dirigiendo con bastante celeridad y con mucho oficio, por lo tanto esperamos ojalá en el transcurso de esta semana concluir con el proceso”, sostuvo la persecutora.
“Nosotros entendemos que el tribunal oral va a resolver en base a la prueba que nosotros vayamos a presentar, independientemente de cuáles han sido las salidas que se han obtenido durante la etapa de investigación”, culminó.
La audiencia comenzó con el rechazo del juez Guillermo Rodríguez a la petición de las defensas de dar por desistida la querella del diputado comunista Hugo Gutiérrez, pues su abogado no concurrió a una audiencia anterior donde se ofreció el juicio abreviado al exgerente de Corpesca, Francisco Mújica.
El juez y las partes concordaron en que la preparación de juicio oral podría prolongarse por al menos un mes.
Además del Ministerio Público y el diputado Gutiérrez, son parte querellante en el caso el Consejo de Defensa del Estado, a través de la abogada Lupy Aguirre, y el SII, con su jefe jurídico Manuel Navarrete.
