Por doce votos a favor y sólo uno en contra, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó de manera transversal legislar sobre el Sistema Táctico de Operación Policial (STOP), una de las prioridades del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera que forma parte de las 150 medidas del Acuerdo nacional por la Seguridad Pública.
Desde el Ejecutivo señalaron que patrocinarán algunos cambios al proyecto para para fortalecer la participación ciudadana, aumentar las exigencias de asistencia de las autoridades que involucra el STOP a las reuniones de coordinación y ampliar los delitos de mayor connotación social para incluir situaciones como el femicidio.
En concreto el proyecto permite a Carabineros contar con información precisa sobre dónde, cómo y cuándo ocurren los delitos en cada comuna del país. Gracias a esta información, la policía puede llevar a cabo estrategias focalizadas, que están adaptadas a los problemas específicos de cada territorio y que, por lo mismo, son más efectivas y eficientes.
Sobre la resolución de la comisión, la subsecretaría de Prevención del Delito, Katherine Matorell, valoró este nuevo paso en el camino del STOP para convertirse en ley de la república y señaló que “la idea es generar una política de coordinación que sea permanente en el tiempo y por eso es necesaria una ley. El STOP nos permite relevar el liderazgo del alcalde en materia local y poder coordinar de manera mucho más efectiva el trabajo policial con la labor preventiva de los municipios”.
Durante la discusión sobre la idea de legislar el STOP, algunos legisladores manifestaron dudas respecto al rol que tendrán los consejos comunales de seguridad en el marco del proyecto.
La diputada Camila Vallejo consultó sobre cómo se involucrará a las organizaciones sociales en la evaluación de los compromisos adquiridos en las mesas de trabajo. “Es importante para hacer una evaluación más sincera con un enfoque desde la sociedad civil, porque tiende a pasar en nuestro sistema que sólo mostramos lo bueno y no lo que quedó a medias o lo que no se cumplió”, aseveró.
Ante este requerimiento, la subsecretaria Martorell aclaró que el Ejecutivo está abierto a mejorar la redacción del proyecto para fortalecer la participación ciudadana.
“De la manera en que hoy están planteados los consejos comunales sólo permiten participar al Consejo Comunal de Seguridad Pública, mientras que las organizaciones sociales, territoriales y funcionales, quedan fuera”, respondió la subsecretaria.
Martorell agregó que se puede “generar una instancia abierta de consejos de seguridad a fin de levantar esta información y asegurar lo mismo en el STOP. La idea es que los compromisos y su grado de cumplimiento se entregue al Consejo Comunal de Seguridad, que es la instancia que debemos abrir más a la comunidad”.
Preocupación por el femicidio
Otro de los temas tratados fue la posibilidad de ampliar el número de delitos violentos que hoy son incluidos en la medición. En este sentido, junto con comprometer el patrocinio del Ejecutivo para todas las indicaciones de la comisión, la subsecretaria Martorell explicó que actualmente se está en un proceso para modificar el índice de delitos de mayor connotación social, a fin de incluir situaciones específicas como es el femicidio.
El STOP ya se encuentra en funcionamiento en cada una de las 16 regiones del país, sin embargo, una vez que la ley sea promulgada y publicada, Carabineros y los municipios tendrán la obligación de llevar a cabo mensualmente mesas estratégicas de coordinación.
En estas instancias se diseñarán los planes a implementar, se propondrán metas y objetivos y se evaluará el cumplimiento de los compromisos acordados.
Junto con la aprobación de la idea de legislar, se abrió el plazo para presentar nuevas indicaciones al proyecto, el cual se extenderá hasta el 10 de octubre. Una vez culminado este período, pasará a la sala para su aprobación en general.
