Acusando un fuerte lobby de los operadores de máquinas tragamonedas, parlamentarios postergaron el debate y votación -en la sala del Senado- de un proyecto para legalizar el funcionamiento de esta industria, que actualmente es investigado por el Ministerio Público por eventual lavado de activos y fraude tributario.
En el tercer punto de la tabla de la sesión del Senado del miércoles, debía votarse en general un proyecto para regular el funcionamiento de las máquinas tragamonedas, iniciativa que fue aprobada en la comisión de Gobierno de la Cámara Alta; pese a la opinión en contra de las policías y el Ministerio Público, que investiga a los operadores de estos aparatos por al menos cuatro delitos.
La razón para suspender este debate y posterior votación, fue la posición manifestada por varios legisladores, quienes consideraron inapropiado legalizar el funcionamiento de estas máquinas cuando lo que corresponde sería prohibirlas.
El senador Alejandro Navarro acusó un fuerte lobby en el Congreso para legalizar las máquinas tragamonedas y recordó que la justicia investiga a los operadores por los delitos de lavado de dinero, juego ilegal, fraude tributario y asociación ilícita.
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A propósito de la investigación por presuntos delitos, el senador Manuel José Ossandón junto con rechazar la legalización de los juegos de azar que proliferan en distintas poblaciones, recordó el episodio cuando haciendo campaña para ser senador los operadores de estas máquinas le ofrecieron financiamiento ilegal para su campaña.
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En un breve debate en la sala del Senado, finalmente se optó por reenviar a la comisión de Gobierno Interior el proyecto.
Además, la senadora Ximena Rincón planteó que, aunque ella firmó el proyecto para regular las tragamonedas, hoy considera que se debe prohibir su funcionamiento.
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La senadora de la UDI, Luz Ebensperger, destacó la decisión de reenviar el proyecto a la comisión de Gobierno del Senado y dijo esperar que en la instancia se discutan los proyectos que buscan prohibir las máquinas tragamonedas y no aquellos que buscan legalizarlas.
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Otros legisladores, como Francisco Chahuán, plantearon la necesidad de escuchar la opinión, entre otros, del director del Servicio de Impuestos Internos