El supuesto ataque a Nicolás Maduro sigue dejando esquirlas políticas. Las últimas incluso llegaron a nuestro país. Venezuela arremetió este domingo contra Chile, Colombia y México: les pidió aclarar si funcionarios de sus embajadas apoyaron la fallida fuga de uno de los presuntos responsables del estallido de drones con explosivos, en agosto, durante un acto encabezado por el presidente venezolano.
“No hay inmunidad diplomática en el caso de encubrimiento de terroristas”, advirtió el poderoso ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, sin identificar a los diplomáticos.
En rueda de prensa, el ministro señaló que el presidente ordenará al canciller Jorge Arreaza que pida directamente a esos funcionarios aclarar si participaron o no.
Según Rodríguez, en la madrugada del sábado fueron capturados Henryberth Rivas Vivas -alías ‘Morfeo’- y otras dos personas por la explosión de dos drones el 4 de agosto en las proximidades de la tarima desde la cual el mandatario socialista presidía un desfile militar.
En confesiones en video difundidas por el ministro, Rivas relató que personal diplomático estaría relacionado con sus frustrados planes de huir de Venezuela.
“Terrorista” ligado a la embajada chilena
El hombre dijo haber recibido instrucciones para contactar con un funcionario de la embajada chilena, quien lo ayudaría a trasladarse a Colombia con la mediación de personal de las sedes diplomáticas de México y Colombia.
“Tiene que explicar la embajada de Chile por qué un asesino, un terrorista (…), recibe la instrucción (…) de que se dirija a la embajada”, expresó Rodríguez.
Actualmente, en la sede diplomática de nuestro país en Caracas está refugiado el parlamentario opositor Freddy Guevara, después de ser acusado de incitar a la violencia durante protestas contra Maduro que dejaron unos 125 muertos en 2017.
Junto con Rivas fueron arrestados Ángela Expósito, de doble nacionalidad española-venezolana, señalada por esconderlo en su residencia, y el coronel en retiro Ramón Velasco.
¿”Farsa” o realidad?
Hasta el momento 28 personas están detenidas por el caso, precisó Rodríguez, quien pidió a Estados Unidos y Colombia aprobar la extradición de quienes el gobierno venezolano señala como autores intelectuales.
Entre ellos está el expresidente del Parlamento Julio Borges, exiliado en Bogotá, quien califica de “farsa” el atentado.
“Cumplan con las leyes y tratados internacionales en materia de terrorismo”, exigió Rodríguez, quien tildó de “sandeces” los cuestionamientos a la veracidad del fallido magnicidio.
Reiteró de igual manera acusaciones contra el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, quien está detrás de lo sucedido según Maduro.
“El señor presidente de Colombia, Iván Duque, tiene que deslindarse de los hechos planificados en el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿O no? ¿O está de acuerdo con el intento de asesinato?”, manifestó.
De paso, un funcionario de migración en Colombia, que el gobierno venezolano identifica como Mauricio Jiménez, es acusado de haber permitido el paso por la frontera de responsables del ataque para recibir entrenamiento en la localidad colombiana de Chinácota.
La Moneda contraataca
“El Gobierno de Chile rechaza de la forma más enérgica las gravísimas y calumniosas acusaciones y amenazas del Gobierno de Nicolás Maduro”. Así respondió La Moneda a las declaraciones que realizó Rodríguez.
Acto seguido, el Ejecutivo decidió tomar medidas inmediatas: el embajador de Venezuela en Santiago, Arévalo Méndez, fue citado por la Cancillería y tendrá que explicar durante la mañana de este lunes los dichos de su gobierno.
En tanto, las críticas parlamentarias fueron inmediatas y transversales. Jorge Pizarro (DC), miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, afirmó que la imputación es otra maniobra para desviar la atención de la situación en Venezuela.
“Tiene una obsesión con los atentados. Yo francamente no le doy ninguna credibilidad, no creo que nadie de Chile esté involucrado en una cosa de ese tipo. Es uno más de los voladores de luces del presidente Maduro”, recalcó.
Vlado Mirosevic, quien forma parte de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, puso en duda la acusación de Venezuela, pero afirmó que los hechos se tienen que investigar.
“Yo soy completamente contrario al régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, también soy contrario al uso de la fuerza y la violencia, por lo tanto creo que estos hechos tienen que investigarse. No sería bueno que Chile estuviera involucrado. No creería en primer término la versión del gobierno venezolano, pero creo que debería ser investigado”, aseguró.
En tanto, el diputado UDI y miembro de la misma instancia parlamentaria, Issa Kort, llamó a condenar la “injuria” del gobierno de Nicolas Maduro. “Hacemos un llamado a que como Grupo de Lima -el cual Chile conforma con otros 11 países de Latinoamérica- manifestemos nuestra molestia y este inaceptable trato amenazante y mentiroso que ocupa Maduro y su gobierno”, apuntó.