El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, respaldó la iniciativa de los senadores (DC) senadores Yasna Provoste y Francisco Huenchumilla, que regula el lobby a autoridades electas.

Lo anterior, tras una reunión de trabajo sostenida con dichos parlamentarios para revisar, en particular, la moción que modifica la ley N° 20.730 y que regula el lobby con el fin de incluir en la normativa a las autoridades electas.

El titular del organismo destacó la necesidad de modificar esta legislación con el fin de ir llenando vacíos que presenta el texto actual y celebró la propuesta afirmando que la moción presentada por los senadores Provoste y Huenchumilla contribuye con la construcción de una cultura de la transparencia.

“Cualquier iniciativa que busque transparentar más profundamente el lobby apunta en el camino correcto y estamos contentos de que surjan aportes de este tipo que buscan llenar vacíos de la actual normativa”, agregó Drago.

Asimismo, el presidente del CPLT explicó que, en el año en que la ley de Transparencia cumple una década desde su promulgación, acciones como ésta “van en el camino correcto en el sentido de ir perfeccionando la ley de Lobby y ampliar la regulación a las autoridades electas”, “incluyendo al lobista y a las empresas que contratan lobby”.

“Este tipo de reformas son a nuestro juicio relevantes para avanzar en materia de transparencia y probidad, combate contra la corrupción y, en definitiva, contribuyen a una mejor democracia”, precisó Drago.

La senadora Yasna Provoste en tanto explicó la propuesta: “Es nuestra convicción que una modificación legal que incluya a las autoridades electas en la regulación del lobby ayudará en transparencia y en el control ciudadano sobre el quehacer que sus autoridades, acabando con la opacidad que se produce sobre las diversas presiones que un futuro representante popular pueda recibir antes de asumir su cargo”.

Finalmente, el senador Francisco Huenchumilla detalló que “de esta manera son sujetos pasivos de lobby, en general, las autoridades o personas que en función del cargo que ejercen, tienen las atribuciones para poder tomar decisiones de carácter relevante. En sus artículos 3° y 4° se hace un listado taxativo de quienes pueden ser objetos de lobby”.