Rectores proponen incluir como requisito para obtener acreditación, que las instituciones de educación superior cuenten con protocolos para prevenir el acoso sexual y políticas de igualdad de género.

La solicitud fue apoyada por la presidenta de la Comisión de Educación del Senado, en el marco de la tramitación del proyecto de ley que busca establecer mecanismos para prevenir y sancionar el acoso sexual en las universidades.

Una buena acogida tuvo de parte de los rectores del Cruch, el proyecto de ley presentado por un grupo transversal de senadores, y que busca que las instituciones de educación superior cuenten con protocolos para prevenir y sancionar el acoso sexual, tras las denuncias que afectaron a varias universidades y que ayudó a la irrupción del movimiento feminista.

Una de las universidades que hace sólo unos días bajó la toma es la de Playa Ancha, cuyo rector y presidente de la Asociación de Universidades Regionales, Patricio Sanhueza, se mostró a favor de incluir como requisito para la acreditación que los planteles también cuenten con políticas de igualdad de género.

Punto que recibió el respaldo de la presidenta de la Comisión de Educación del Senado, la DC Yasna Provoste, quien señaló que esperan estar votando en general la iniciativa durante octubre.

El proyecto, contempla que las instituciones deberán contar con procedimientos para hacer las denuncias, otorgar competencias a una unidad para determinar y calificar la existencia de la situación que se considera acoso sexual.

El vicepresidente Ejecutivo del Cruch, Aldo Valle, pidió que la iniciativa sea lo más explícita posible, específicamente sobre cuáles serán las conductas a sancionar y en qué espacios.

Además, los rectores plantearon que se haga una mejor definición de lo que se entenderá por espacio universitario, de manera que la norma también se pueda aplicar fuera de lo que se considere parte del campus de la institución.

El proyecto también busca establecer sanciones administrativas internas como rebaja de sueldo, suspensión del cargo o expulsión para quienes cometan acoso sexual; junto con establecer mecanismos que resguarden la identidad de las víctimas y denunciados, mientras se desarrolla la investigación.