Por primera vez, Contraloría analizó la distribución de los recursos que el Estado entrega para el financiamiento de la gratuidad. El informe reveló la diferencia que existe entre los montos entregados por el fisco y los aranceles de las instituciones educacionales, una brecha que supera los 17 mil 200 millones de pesos.

Un escenario que complica a las universidades e institutos de profesionales adscritos al sistema de gratuidad ya que son estas las instituciones que deben asumir la diferencia. Según el informe, difundido por La Tercera, la institución con la mayor brecha es la la Universidad Diego Portales, con 5 mil 600 millones de pesos.

Debido a esto, la nueva presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Karla Toro, afirmó que la forma en que se ha implementado esta política pública está lejos de lo que el movimiento estudiantil ha pedido desde 2011. La dirigenta aseguró que es necesario cambiar la forma de financiar a las instituciones y así fortalecer la educación pública.

En tanto, el diputado de RN y miembro de la Comisión de Educación de la Cámara, Diego Schalper, aseguró que la administración anterior quiso cumplir con las expectativas de los estudiantes que pedían gratuidad pero que no supo equilibrarlo bien con el necesario financiamiento que requieren las instituciones para desarrollar un proyecto educativo de calidad.

Por esta razón, el parlamentario afirmó que es necesario replantear la forma en que se financia la gratuidad ya que, para el diputado, la calidad tiene más costos pero no por eso se debe dejar de lado.

En tanto, desde el Mineduc sostienen que “se debe considerar que con el aporte directo por gratuidad, las instituciones reducen el gasto en becas internas y la morosidad en el pago que puede existir, por lo que el déficit real es menor al indicado”, dijo el jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Juan Eduardo Vargas, en declaraciones al matutino.

Según la nueva ley de educación superior, el Ejecutivo debe crear una comisión de expertos durante lo que resta de año para fijar los valores de los aranceles regulados que se aplican para definir los recursos que el estado destina para financiar la gratuidad.