Tras la serie de filtraciones que han afectado principalmente a la banca los últimos meses, el Ministerio de Hacienda anunció dos proyectos de ley que apuntan a fortalecer el sistema financiero contra ciberataques.
Se trata del proyecto de Ley de Ciberseguridad mediante el cual, afirmó el titular de la cartera, Felipe Larraín, “queremos no sólo preocuparnos por este tema, sino ocuparnos a través de medidas concretas que fortalecerán la ciberseguridad y nos permitirán estar mejor preparados”.
El segundo proyecto, en tanto, apunta a modernizar el proyecto de Ley de Supervisión Basada en Riesgo para compañías de seguros a través de indicaciones.
Estándares internacionales
El primer proyecto de ley, aseguró Larraín, se basará en estándares internacionales y “otorgará mandatos y atribuciones inequívocas y uniformes de las autoridades a través de todas las industrias financieras (infraestructuras financieras, bancos, bolsas, compañías de seguros, fondos, etc)”, detallan desde el Gobierno a través de un comunicado.
Con esto se establecerían requisitos generales, mientras que los reguladores y supervisores deberán determinar exigencias más específicas a partir de esto.
Larraín explicó que “además, seguirá un principio de proporcionalidad, lo que implica que habrá un set mínimo de requerimientos con los cuales deberá cumplir toda institución del sector financiero, y exigencias adicionales dependiendo del potencial impacto que tenga la institución sobre la estabilidad financiera”.
Respecto del proyecto referente a las compañías de seguros, se buscará también adoptar estándares internacionales con indicaciones que permitirían que las aseguradoras desarrollen sus propios modelos de negocio para con ello aumentar la competencia, además de promoverse un mayor desarrollo del mercado de capitales, resguardando la estabilidad financiera.
En lineas generales, se otorgaría a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la facultad de determinar el capital necesario de las compañías de seguros, en función de los riesgos asumidos, además de permitir que evalúe los riesgos de las empresas y que las clasifique según su solvencia.
Asimismo, se buscará liberalizar los límites de inversión, fijando en la ley sólo algunos límites estructurales, e incorporar la regularización temprana, lo que sería “similar al enfoque presente en la Ley General de Bancos”, señalan desde el Ejecutivo.
