El derecho a la vida, la salud física y mental, a la alimentación y vivienda adecuadas, a la educación y trabajo seguros, y a vivir en un ambiente libre de contaminación, estarían siendo vulnerados en al menos 116 puntos de Chile.
Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que presentó un mapa con conflictos socioambientales en nuestro país, de los cuales 63 se mantienen activos en lugares como Huasco, Coronel y Tocopilla, además de otros 30 en latencia.
En Mejillones destaca la zona industrial con las centrales termoeléctricas Cochrane, Angamos, Andino, Hornitos y la infraestructura energética. En Copiapó, otros puntos que identificó el INDH, pson rincipalmente proyectos mineros: Cesale, La Candelaria, El Morro, Caserones. Además de la Fundición Paipote.
Los más graves, de acuerdo a la encargada de la unidad de estudios del organismo, Dayana Guzmán, están en la zona andina y el borde costero del norte.
En el 38% de los casos se trata de empresas relacionadas a la energía, como termoeléctricas y otro 28% a mineras. Según estimaciones académicas, 6 de cada 10 personas en nuestro país viven en una de las 20 zonas saturadas ambientalmente.
Uno de los representantes de la Agrupación Mejiambiente, de Mejillones, Luis Díaz, aseguró que no hay control de la concentración de materiales pesados que estarían llegando al mar.
Alcaldes de las comunas de Til Til, Huasco, Coronel, Puchuncaví, Quintero, Freirina y Concón, anunciaron la creación del “Frente de Municipios Víctimas de la Contaminación Ambiental”, con el que exigirán al Estado que modifique la legislación ambiental actual.
En Coronel, por ejemplo, el Ministerio de Salud identificó altos niveles de metales pesados en la sangre de las personas, por sobre el máximo de tolerable por el organismo.
Parte de las consecuencias las detalló el alcalde de la comuna, Boris Chamorro, quien dijo que los habitantes pagan con su salud el desarrollo económico nacional.
El INDH anunció que iniciará acciones judiciales por el conflicto socioambiental en Quintero y Puchuncaví. Lo hará presentando un recurso de protección a favor de los habitantes de la zona.
Según el organismo, desde 2011 ha dado seguimiento a ese conflicto socioambiental y ese año entregó recomendaciones al Estado para que tomara medidas al respecto, asegurando que desde ese entonces “es uno de los casos más representativos de daño ambiental a nivel nacional”.
La directora del organismo, Consuelo Contreras, pidió que se establezcan prioridades.
El presidente de la comisión de Medio Ambiente del Colegio Médico, el doctor Andrei Tchertnitchin, estimó que la situación en la zona podría provocar principalmente daños patológicos en la condición prenatal o infantil primaria.
La acción judicial será terminada de analizar con el consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos y recién sería presentada durante la próxima semana, cuando el organismo también espera realizar una nueva misión de observación en la zona de Quintero y Puchuncaví.
