Quintero sufrió el martes su tercer episodio de intoxicación en dos semanas y acentuó el conflicto social que la emergencia ambiental ha desatado en los habitantes del cordón industrial de esa zona.
La situación obligó a reponer la Alerta Amarilla y la suspensión de clases, pero las manifestaciones no cesaron. A primera hora del miércoles, el colegio Santa Filomena amaneció tomado por un grupo de estudiantes establecimiento, en señal de rechazo a la nueva intoxicación que perjudicó a casi un centenar de personas.
Los jóvenes pasaron la noche en el colegio y durmieron en colchonetas, mientras que los padres les llevaron agua, comida y abrigos. “Es mejor que empecemos a volver a hacer ruido” para hacer frente a los episodio de intoxicación, remarcó uno de los estudiantes.
Más tarde, durante la jornada, las tomas se prolongaron al Colegio Don Orione y también al Liceo Politécnico.
Naturalmente, la comunidad comenzó a perder la paciencia esperando que la autoridad ambiental logre dar con los responsables. Pero la indagatoria de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), iniciada tras el primer episodio el pasado 21 de agosto, comenzó a dar las primeras luces.
La entidad decidió tomar cartas en el asunto y formular cargos a la ENAP por la utilización del sistema de tratamiento de sus residuos industriales líquidos en condiciones distintas a las aprobadas ambientalmente para el Terminal Marítimo de Quintero.
En concreto, la estatal incurrió en “el uso inadecuado del sistema de tratamiento se expresa principalmente en la introducción de fluidos distintos a lo autorizado (residuos con una carga superior de hidrocarburos), una eficiencia de remoción inferior a lo comprometido en la evaluación ambiental (98% de eficiencia comprometida versus un 44% real), el vertimiento de fluidos en contravención a lo autorizado (uso de camiones de vacío en lugar de ductos y canaletas autorizados) y la introducción de fluidos en unidades distintas a las autorizadas por la RCA (uso de cámaras de tratamiento y depositación distintas a lo autorizado)”, detalló la SMA por medio de un comunicado.
Sin duda, “han afectado significativamente la salud de la población de Quintero” en el primer episodio de agosto pasado, explicaron.
En tanto, ENAP salió a defenderse por medio de una escueta declaración pública: “Rechazamos tajantemente las imputaciones hechas por la Superintendencia del Medio Ambiente. La empresa ejercerá todas las acciones legales y derechos que le corresponden para demostrar que no tiene vinculación alguna con los hechos que se le imputan”.
Pese a esa respuesta, los cuestionamientos de la autoridad ambiental acarrearon consecuencias. Durante la noche del miércoles, CNN Chile reveló que Gonzalo de la Carrera habría renunciado al directorio de la refinería estatal por medio de un correo enviado al presidente Piñera.
Aes Gener, Codelco y vertedero
En tanto, la autoridad aún mantiene dudas respecto a quiénes están detrás de la intoxicación registrada el martes.
Aunque aparentemente ya tiene dos empresas en la mira: la SMA requirió información a Codelco y a AES Gener para que detalle las emisiones de compuestos regulados tanto por la norma de fundiciones como de termoeléctricas en las últimas 72 horas.
A ello sumó requerimientos a todos los establecimientos del cordón industrial de Quintero y Puchuncaví con toda la información relativa a sus condiciones de operación, posibles contingencias y reportes de emisiones atmosféricas.
De paso, también consultó a la propia Municipalidad de Quintero a raíz del incidente ocurrido en el vertedero de esa comuna el 27 de agosto pasado, el cual involucró el incendio de una parte de los residuos depositados en el recinto.
Aes Gener adoptó una postura similar a ENAP: descartaron “enfáticamente cualquier relación con el episodio de contaminación que se produjo el martes en la zona”.
De acuerdo a la empresa, tal como lo solicitó la SMA, le entregaron ayer miércoles información horaria de sus emisiones respecto de los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2018. “La información disponible refleja el correcto y normal funcionamiento de nuestras operaciones y de sus sistemas de abatimiento y control”, recalcaron.
Piñera promete solución definitiva
El presidente Piñera arribó la noche del miércoles a Chillán para dar el puntapié a la región de Ñuble. Pero tras desembarcar, lo primero que hizo fue hablar de Quintero.
“Ya tenemos en marcha un plan que va a significar una solución definitiva al problema que ha afectado por décadas esa zona”, aseguró.
En concreto, apuntó a un sistema permanente de monitoreo de gases, un Plan Integral de Descontaminación y un Plan Extraordinario de Salud, que incluirá un hospital de campaña y médicos especialistas para combatir la emergencia. De paso, comprometió nuevos Cesfam para Quintero y Puchuncaví, sumado a la modernización del hospital de la zona.
INDH al rescate
Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) anunció que presentará un recurso de protección en favor de los habitantes afectados y comprometió además una visita de observación a las comunas para detallar los daños a los derechos fundamentales que están sufriendo en el cordón industrial.
De paso, presentaron el Mapa de Conflictos Socioambientales 2018 con 116 situaciones en todo el país en que poblaciones vieron afectados sus Derechos Humanos por responsabilidad de alguna actividad productiva. El catastro comenzó hace 6 años y cada año ha aumentado el número de casos.
Del total, 63 se mantienen activos en lugares como Huasco, Coronel y Tocopilla, además de otros 30 en latencia.
En Mejillones destaca la zona industrial con las centrales termoeléctricas Cochrane, Angamos, Andino, Hornitos y la infraestructura energética. En Copiapó, otros puntos que identificó el INDH son principalmente proyectos mineros: Cesale, La Candelaria, El Morro, Caserones. Además de la Fundición Paipote.
En el 38% de los casos se trata de empresas relacionadas a la energía, como termoeléctricas y otro 28% a mineras.
Fernando Martínez, director regional del INDH, explicó que en el caso de Quintero la responsabilidad puede recaer directamente sobre la industria que sea la causante del hecho; o bien puede ser en el Estado, por no cautelar mediante normativas ambientales la protección de las personas.
Zona de catástrofe
El senador RN Francisco Chahuán pidió al Gobierno declarar Zona de Catástrofe en Quintero y Puchuncaví tras el último episodio de intoxicación y de paso solicitó detener las actividades de las empresas que operan en el Cordón Industrial Concón-Quintero y Puchuncavi. Asimismo, hizo hincapié en que la comuna de Concón tiene índices más altos de contaminación en comparación a las otras dos zonas afectadas.
Además exigió al Gobierno apurar las normas que limitarán las emisiones de dióxido de azufre, arsénico, hidrocarburos y que, en definitiva, el Plan de Descontaminación anunciado por Piñera se implemente antes de lo comprometido en diciembre de 2018.
En paralelo, los diputados Rodrigo González (PPD), Cristina Girardi (PPD) y Diego Ibañez (MA) presentaron un proyecto de ley para tipificar como delito los atentados contra el medioambiente, aplicando penas de presidio efectivo a quienes resulten responsables de este tipo de hechos.
En tanto, senadores de distintos partidos de oposición, entre ellos Yasna Provoste (DC), Alfonso de Urresti (PS) y Juan Ignacio Latorre (RD), criticaron duramente a la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y al Gobierno.
Puntualmente, apuntan a lo que ellos definen como una serie de errores graves en el trabajo para investigar las posibles responsabilidades, sobre todo luego que la titular de la cartera diera un ultimátum de 24 horas para investigar a la SMA, pese a que se trata de un órgano autónomo.
