Continúan las reacciones por la acusación constitucional contra tres ministros de la sala penal del máximo tribunal que otorgaron la libertad condicional a condenados por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura.
Las nuevas críticas surgieron luego de que el presidente subrogante de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, en entrevista con El Mercurio, afirmara que la acción ha puesto en duda la independencia de este poder del Estado.
Algo que el abogado constitucionalista, Fernando Atria, no compartió, ya que aseguró que es la misma constitución la que entrega a la cámara de diputados las facultades para concretar acusaciones constitucionales en contra de autoridades del Estado, incluidos los ministroc de ls Corte Suprema.
La instancia legislativa está conformada por cinco diputados, de los cuales cuatro son de oposición y solo uno de Chile Vamos. El diputado socialista, Leonardo Soto, miembro y presidente de esta comisión, aseguró que la labor de ésta es garantizar que todas las voces tengan el debido espacio para dar a conocer sus antecedentes y posiciones.
Si bien la comisión aun no zanja quienes serán los primeros expositores a quienes escucharán, ya confirmaron que los ministros acusados podrán responder ante esta acusación en un plazo máximo de 10 días lo que concluye a mediados de la primera semana de septiembre.
