Luego que parlamentarios de oposición presentaran las firmas para realizar una acusación constitucional en contra de tres ministros de la Corte Suprema, quienes concedieron libertad condicional a reos condenados por crímenes de lesa humanidad, el Pleno se reunió para abordar esa posibilidad.
Tras ello, emitieron una declaración pública, en la que indicaron que “presupuesto indispensable de un Estado de Derecho es el respeto de las competencias y atribuciones de las distintas autoridades estatales, conforme a los pesos y contrapesos que la Constitución Política de la República contempla, por lo cual, desde luego se reconoce las potestades de los integrantes de la Cámara de Diputados para ejercer los mecanismos de control que ésta consagra”.
Pese a ello, recalcaron que todas las personas tienen derecho a un “debido proceso legal”, en el cual un juez ejercerá todas las potestades con independencia e imparcialidad, según el ordenamiento jurídico. Explicaron que lo harán sin influencias ni intromisiones.
Considerando ese precepto, detallaron en el documento que los ministros de la Segunda Sala Penal acogieron el recurso de amparo a favor de los condenados, lo que derivó en la acusación que preparan los legisladores.
Por esa acción, desde el máximo tribunal del país manifestaron que se genera “una grave afectación de la autonomía de los magistrados, y por lo mismo de la efectiva vigencia de la garantía de los ciudadanos de contar con un juez independiente e imparcial”.
Ante este panorama, los magistrados afirmaron que no peligran los cargos de los jueces, sino que la autonomía “indispensable” para el desempeño de sus facultades.
