La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y organizaciones de Derechos Humanos, solicitaron al contralor Jorge Bermúdez que reconsidere su decisión de eximirse -hasta mayo de 2019- de la toma de razón de los actos administrativos que conceden indultos.
Esto, luego de conocer que el actual Gobierno, en sus primeros cien días de administración, otorgó al menos tres indultos bajo “razones humanitarias de salud”. Uno de ellos para un reo de Punta Peuco, lugar donde cumplen sentencia condenados por delitos de lesa humanidad.
En el escrito, ingresado a Contraloría, las agrupaciones señalaron que “la medida dispuesta por el contralor, preocupa e impulsa a solicitar su reconsideración”, como lo explicó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira.
Las organizaciones agregaron que “no parece razonable homologar el indulto presidencial circunstanciado en los delitos comunes, respecto de los crímenes de lesa humanidad y el contralor no puede dejar de realizar la muy necesaria distinción”.
