División hay al interior de Chile Vamos ante la idea de la Unión Demócrata Independiente de recurrir al Tribunal Constitucional por el reglamento de objeción de conciencia en la ley de aborto en tres causales.

El Gobierno, por su parte, restó dramatismo a la eventual acción de sus parlamentarios y defendieron que éstos están en su derecho de acudir al TC.

Este viernes el gobierno ingresó a la Contraloría el nuevo reglamento de objeción de conciencia, luego de que el órgano contralor declarara ilegal en mayo el reglamento del ejecutivo de permitir que entidades que tuvieran convenios con el estado pudieran invocar la objeción de conciencia.

La Moneda retrocedió y envió un nuevo texto en donde ningún organismo que tuviese contratos con el servicio público en prestaciones gineco-obstetras pueden invocar aquello, algo que molestó en la UDI, desde donde evalúan ir al Tribunal Constitucional.

Argumentan que la decisión vulnera un derecho y han encontrado respaldo en un sector de Renovación Nacional, pero necesitan 39 diputados y once senadores para hacer el requerimiento.

Hay consenso en el gremialismo, pero no en RN.

Su presidente, el diputado Mario Desbordes, señaló que hay libertad de acción, agregando que acudir al Tribunal Constitucional en contra del reglamento no es manifestarse frente al gobierno, sino más bien contra el criterio de Contraloría.

Por otro lado, el sector liberal de RN y otros más, optarían por no acudir al TC para respetar la institucionalidad y no ir en contra de algo emanado por el gobierno para evitar abrir otro flanco con la oposición, algo a lo que se suman algunos senadores como Francisco Chahuán.

Así lo explicó la diputada Marcela Sabat, quien aseguró que “es importante dar el apoyo al Gobierno en esto”.

Desde La Moneda restaron dramatismo y no se muestran incómodos con que parlamentarios de su sector acudan al Tribunal Constitucional.

“No compartimos el dictamen de la Contraloría al haber rechazado el primer protocolo, pero lo acatamos, y es lo que corresponde en un Estado de Derecho”, defendió la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez.

En el mismo sentido, argumentó que los parlamentarios también están en su derecho de reclamar a la institución correspondiente cuando perciban que sus derechos han sido vulnerados de alguna forma.

El tema será parte de las reuniones de las bancadas durante la jornada, a la espera de todas formas de que la Contraloría tome razón del reglamento, algo que puede demorar unas semanas más.