La Defensoría de los Derechos de la Niñez valoró la acción realizada por el Ministerio de Justicia y el Sename de solicitar la actuación del Consejo de Defensa del Estado y la Unicef por las irregularidades en la asignación de programas de diagnóstico ambulatorios en organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores (Sename).
“Este tipo de hechos deben ser perseguidos y si son constitutivos de delito hay que establecer las sanciones correspondientes para que los responsables no continúen trabajando con niños en situación de vulnerabilidad”, detalló la defensora de los Derechos de la Niñez, Patricia Muñoz.
Muñoz, a un mes de asumir el cargo, hizo un balance positivo del ánimo de trabajo con el cual se encontró.
Si bien la defensora señaló que su intervención está limitada a acciones criminales vinculadas a delitos sexuales o violentos en contra de niños y adolescentes, valoró lo realizado por la cartera.
Muñoz señaló, además, que ofició a la subsecretaria del ramo un informe respecto a la forma en que se van a concretar las 94 medidas propuestas por la mesa de trabajo por la infancia liderada por el Gobierno, porque hasta ahora -aseguró- no ha conocido avances y espera que no quede sólo en anuncios.
Durante estas jornadas, en tanto, parlamentarios de oposición anunciaron que pedirán auditorías financieras de los recursos entregados por el Estado para este tipo de organismos, junto con hacer un llamado a retirar el proyecto de Ley que aumenta en un 25% la subvención a estas entidades.
La subjefa de bancada RN y diputada, Marcela Sabat, lamentó esta actitud y señaló que en nada ayuda para hacer frente a la crisis en la institución.
La parlamentaria, quien además integró la mesa nacional por la infancia, calificó de insensato retirar un proyecto que tiene como único fin mejorar la calidad de vida de casi 10 mil niños al año, a quienes estos organismos atienden.
