La comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización continuó este miércoles las audiencias con el fin de escuchar las diversas posturas respecto a los proyectos de ley refundidos sobre máquinas de juego.
En la última sesión recibió al ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, y al contralor general de la República, Jorge Bermúdez, quienes dieron luces de la proliferación de estas instalaciones y cuál es su regulación vigente.
Más máquinas en lugares de bajos ingresos
El ministro Moreno dio a conocer un estudio realizado por la Superintendencia de Casinos de Juego y que tiene un mapa de dónde se encuentran estas máquinas a lo largo de Chile.
“Lo que hicimos fue un cruce con los índices de vulnerabilidad y lo que muestran los datos es que hay una correlación muy estrecha entre pobreza por ingreso -no por pobreza muldimensional- y también con las tasas de delitos de alto impacto y la mayor presencia de estas máquinas, es decir, tienden a haber más maquinas en aquellos lugares donde hay más bajos ingresos y también en lugares que son más peligrosos”, detalló el jefe de la cartera.
En datos concretos, existen 2,5 máquinas de juego por cada mil habitantes, pero el 37% están concentradas en Santiago y el resto en Valparaíso, Bío Bío y Maule, en esta última zona es donde existe el mayor número con 5,8 máquinas por cada mil habitantes.
Dudas ante el proyecto
El Contralor fue claro al manifestar que “a estas máquinas de juegos de azar, se las han llamado máquina de destreza como eufemismo y esto tiene relevancia jurídica, porque nos dice si estamos frente a una actividad lícita o no”.
Manifestó que ante los datos y los proyectos de ley refundidos en estudio, existen incoherencias que deben ser resueltas. “El proyecto parte del reconocimiento que las máquinas que hoy se explotan son de azar. Otorga una nueva facultad a las municipalidades. Crea un nuevo acto administrativo municipal, sin reglar el procedimiento para su dictación. Se traslada una facultad radicada en un organismo técnico a las entidades edilicias y se rompe el sistema de regulación de los juegos de azar”.
Asimismo, agregaron que “se confunde el concepto de licencias de funcionamiento con patente municipal. Se establecen múltiples regímenes regulatorios y no se establece si se trata de un permiso adicional al contemplado en la ley 1995 (…). No se indica qué autoridad certificará. No considera el número de requisito y condiciones para el emplazamiento de los establecimientos y no queda claro qué institución controlará el sistema en línea”.
Tras las manifestaciones, los legisladores reiteraron que pese a las falencias que se pueden arreglar del proyecto, “desde el punto de vista social esto es un drama y durante años el Estado ha dado vista gorda”. Añadieron, además, que se debe enfrentar como un tema de salud y pusieron como ejemplo a los cientos de adultos mayores en situación de pobreza que se “gastan el dinero del pan” en las máquinas de los barrios.
“El dictamen que ha puesto la Contraloría va a normar de aquí en adelante, pero para atrás, por lo que esta situación debiera ser supervigilada por los municipios”, declaró el senador Carlos Bianchi.
Críticas al secretismo
El senador Alejandro Navarro, criticó el secretismo de la Comisión para reunirse con Aduanas, la superintendencia, PDI, Carabineros y Abbott, todos quienes están por terminar con los casinos populares.
“Muchos de los trabajadores creen que este es un negocio legal, cuando es ilegal y peligroso, por tanto, yo espero que ninguna función del Senado vuelva a declarar secreta a sesiones que tienen que ser de conocimiento de toda la ciudadanía”, culminó.
