“Desatada” se encuentra la disputa entre la oposición y el Gobierno ante la supuesta intención del Ejecutivo de boicotear las distintas leyes que son parte de la Reforma Educacional y cuyo punto de conflicto está en la Cuenta Pública Participativa 2018, encuesta que promueve el Ministerio de Educación en su sitio web.
Incluso, la oposición recurrió ante la Contraloría para que se pronuncie sobre la legalidad de la encuesta y los recursos comprometidos.
La presidenta de la comisión de Educación del Senado, Yasna Provoste, puso en duda la confiabilidad de la información que se recoja.
Desde el PPD, el senador Jaime Quintana, criticó que en el encabezado de la consulta se hagan aseveraciones como, “devolver a los padres el derecho a elegir” o que se “repondrá el derecho de los apoderados para aportar dinero de forma voluntaria”.
El subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, rechazó los cuestionamientos e indicó que el hecho que señalen en la consulta los puntos que ellos consideran críticos de la reforma, no significa que no se implementarán las leyes.
El senador de Renovación Nacional, José García, desdramatizó el hecho de que el Gobierno impulse estas consultas ciudadanas y aseguró que la comisión se estaría excediendo en sus atribuciones.
El presidente del Senado, el socialista Carlos Montes, aseguró que esta encuesta impulsada por el Mineduc distorsiona las leyes y llamó al Gobierno a actuar con transparencia.
Desde la oposición sostienen que el proceso de consulta ciudadana del Mineduc buscaría recoger insumos para modificar el actual Sistema de Admisión Escolar, además de reponer el copago.
